Washington, D.C. – 24 de julio de 2025 – Neyiyerver Adrián León Rengel, un migrante venezolano de 27 años, ha presentado una demanda civil contra el Gobierno de Estados Unidos, alegando que fue detenido y deportado sin el debido proceso legal, siendo trasladado a la megacárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador. La demanda, respaldada por la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), busca una compensación de 1.3 millones de dólares por los abusos físicos, verbales y psicológicos sufridos durante su reclusión.
La historia de la deportación errónea
Rengel, quien había ingresado legalmente a EE. UU. a través del programa CBP One, y había solicitado Estatus de Protección Temporal (TPS), fue detenido en su residencia en Irving, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A pesar de su estatus legal, las autoridades lo identificaron erróneamente como miembro de la pandilla Tren de Aragua y lo deportaron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. El migrante, quien había sido asegurado por agentes federales que lo enviaría a Venezuela, fue sorprendido al ser enviado a El Salvador, un país con el que no tenía conexiones.
Condiciones inhumanas en el CECOT
Rengel pasó más de cuatro meses en el CECOT, donde, según la demanda, fue sometido a condiciones inhumanas y degradantes. En una celda de tres por tres metros, fue encerrado junto a 18 o 19 venezolanos más, sin acceso regular al exterior. Fue víctima de golpes físicos con puños y bastones, incluyendo una brutal agresión en un área sin cámaras de seguridad.
Acuerdo de deportación masiva con Venezuela
El Gobierno de EE. UU. y Venezuela anunciaron la semana pasada un acuerdo que contempla la deportación de más de 250 venezolanos detenidos en El Salvador. Estos migrantes fueron detenidos sin acceso a defensa ni a contacto con sus familias, siendo considerados por organismos de derechos humanos como víctimas de “desapariciones forzadas”. La denuncia también subraya que el Gobierno de Donald Trump firmó un acuerdo con El Salvador, pagando aproximadamente seis millones de dólares anuales para mantener a los venezolanos detenidos en el CECOT.
La demanda y las declaraciones de LULAC
En su querella, Neyiyerver Rengel exige una compensación por los daños morales y físicos sufridos y califica su situación como una parodia de la justicia. Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, afirmó que este caso pone en evidencia graves violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de EE. UU. y el trato a los migrantes bajo el acuerdo con El Salvador.
