Lo que comenzó como un secreto oculto entre las paredes de una casa en Villa Mella en 2024, concluyó este jueves con una sentencia firme en Santo Domingo Este: 20 años de cárcel para Francisco Alberto Calderón Féliz, hallado culpable de agredir sexualmente a dos hermanas menores de edad.
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El acusado fue condenado por múltiples actos de abuso contra una adolescente de 15 años, según determinó el tribunal. Durante el proceso, salió a la luz que la hermana menor de la víctima también había sido atacada por el mismo hombre, un hecho que generó indignación en la comunidad.
Denuncia que destapó los abusos
Fue el 14 de octubre de 2024 cuando la madre de una de las adolescentes presentó la denuncia ante las autoridades, revelando un patrón de violencia que se había mantenido en silencio. El Ministerio Público inició una investigación dirigida por la fiscal María Sánchez, quien reunió pruebas médicas, psicológicas y testimoniales que demostraron la culpabilidad del imputado.
El proceso judicial
Los fiscales Ignacio Rojas y Alexis Casado lideraron la acusación en el tribunal, evidenciando cómo Calderón Féliz infringió varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, compuesto por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, emitió una sentencia de 20 años de prisión, que el condenado deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Silencio, víctimas y justicia
El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas adolescentes en comunidades como Villa Mella, donde los agresores muchas veces pertenecen al entorno familiar o cercano. La decisión de la madre de denunciar fue crucial para romper el ciclo de violencia.
Ambas hermanas jugaron un papel clave en el proceso judicial. Sus testimonios permitieron reconstruir un historial de abuso que, por mucho tiempo, había permanecido oculto.
Impacto legal y social
Este veredicto representa un paso importante en la lucha contra el abuso infantil en República Dominicana. Aunque la Ley 136-03 contempla sanciones severas, el éxito de estos procesos muchas veces depende de la valentía de las víctimas y sus familias para denunciar.
El Ministerio Público destacó que este tipo de casos deben seguir siendo visibilizados para fomentar una cultura de cero tolerancia frente a los abusos contra menores.
