La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló este viernes la condena de siete años de prisión impuesta a Elizabeth Silverio, acusada de ejercer la neurociencia sin contar con los títulos académicos válidos para ello. El tribunal, en ausencia de la acusada, dispuso la celebración de un nuevo juicio, acogiendo los argumentos de los abogados de Silverio, quienes señalaron presuntos vicios en la sentencia original.
Errores en la sentencia original
La decisión del tribunal de apelación se basó en que la sentencia dictada el 21 de octubre de 2024 por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contenía “errores en las aplicaciónes de normas jurídicas”, así una valoración incorrecta de las pruebas y una falta de motivación suficiente en sus fundamentos. Por este motivo, la Corte ordenó que otro tribunal de igual grado vuelva a evaluar el caso, con la posibilidad de revisar tanto las pruebas presentadas por el Ministerio Público como por la defensa de la acusada.
Proceso judicial continuará
Con esta anulación, Elizabeth Silverio tendrá una nueva oportunidad para presentar su defensa y las pruebas que, según su versión, demuestran su inocencia. El caso será remitido nuevamente a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia para iniciar los trámites correspondientes. La decisión deja claro que el proceso judicial volverá a la fase de juicio, lo que implica que otro tribunal escuchará a ambas partes, evaluará las pruebas y dictará una nueva sentencia, que podría ser absolutoria o condenatoria.
Suspensión de la condena durante la apelación
A pesar de haber sido condenada, Elizabeth Silverio permaneció en libertad, ya que el artículo 441 del Código Procesal Penal establece que una condena puede quedar suspendida mientras el acusado recurre en apelación, tal como hizo ella desde 2024.
Acusaciones contra Silverio
Silverio se vio involucrada en un escándalo tras ser acusada de realizar evaluaciones a niños con hiperactividad, trastornos de violencia o trastornos psíquicos en el centro que dirigía, Knowledge Land Kogland, ubicado en el sector de Gascue. Según las acusaciones, la imputada utilizó títulos falsificados para presentarse como profesional en psicología y neurociencia, lo que le permitió diagnosticar y atender a niños que necesitaban atención especializada.
El caso sigue siendo de interés público, ya que plantea importantes cuestiones sobre la legalidad de los servicios prestados por personas sin la debida acreditación profesional en un ámbito tan sensible como la salud mental infantil.
