El abogado Francisco Álvarez Martínez ha puesto sobre la mesa una dura crítica sobre el deterioro del Registro Mercantil en la República Dominicana, especialmente en el Distrito Nacional. A través de un análisis publicado en X, el jurista señala que trámites que antes se resolvían en pocas horas o días ahora pueden demorar semanas o meses, afectando gravemente a empresarios, ciudadanos y asesores legales.
Álvarez Martínez recuerda que, aunque las cámaras de comercio son entidades privadas, tienen a su cargo una función pública esencial: el Registro Mercantil. Esto implica que deben regirse por principios de administración pública, cumplir con la Ley 107-13 sobre procedimientos administrativos, y seguir la Ley 200-04 sobre el libre acceso a la información, así como la interpretación del Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0291/14, que establece el carácter público de sus actuaciones.
El abogado también resalta que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) es la entidad encargada de supervisar las cámaras de comercio y asegurar el buen funcionamiento del Registro Mercantil. No obstante, denuncia que la institución no ha ejercido de manera efectiva sus facultades de fiscalización.
Los problemas del sistema se agudizaron a finales de 2024 con la implementación de un nuevo sistema informático por parte de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, lo que centralizó los criterios de análisis y redujo la autonomía de las cámaras provinciales. A esto se sumó un incidente tecnológico en 2025, que afectó gravemente la plataforma de Fedocámaras, provocando la pérdida de archivos históricos y causando retrasos masivos a nivel nacional. La entidad pidió disculpas públicas y anunció mejoras, como la creación de un segundo centro de datos en Santiago.
Álvarez Martínez subraya que la ley obliga al MICM y al Poder Ejecutivo a intervenir cuando una cámara incumple con sus funciones, pudiendo incluso revocar su incorporación conforme a la Ley 50-87.
El abogado advierte que este desorden administrativo no solo afecta la eficiencia del servicio, sino que también crea un caldo de cultivo para la corrupción, fraudes y falsificaciones, lo que pone en peligro la seguridad jurídica del país. Cita el artículo 147 de la Constitución, que establece la obligación de garantizar servicios públicos funcionales, incluyendo el Registro Mercantil.
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