Este viernes, en un entorno marcado por la urgencia y la presión, el Congreso aprobó finalmente el proyecto de reforma al Código Procesal Penal, cumpliendo con el mandato del Tribunal Constitucional, que ordenó la creación de una nueva ley. La aprobación se produjo a tan solo seis días de que expire el plazo, el próximo 11 de diciembre, establecido por la alta corte.
Los senadores aprobaron en única lectura y por unanimidad el proyecto de ley, a pesar de las modificaciones introducidas por los diputados y las críticas sobre el proceso. El Código, que había sido objeto de controversia durante meses, será enviado ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Detalles sobre la aprobación del Código
El nuevo Código Procesal Penal establece plazos más estrictos para los juicios, con un máximo de cuatro años para que se resuelvan, aunque puede extenderse un año más si el caso es declarado complejo. También incorpora medidas de protección para las víctimas de violación sexual, asegurando que no sean expuestas en los medios de comunicación.
El proyecto aclara que la fuga o rebeldía de un imputado interrumpe el conteo del plazo de los cuatro años, reanudándose una vez el acusado se presente. Además, otorga al Ministerio Público un plazo de ocho meses para concluir el proceso preparatorio en los casos en los que el imputado esté bajo prisión preventiva.
El código también incluye medidas contra las tácticas dilatorias, establece un marco más claro sobre el manejo de pruebas y reafirma la facultad del Ministerio Público para ordenar peritajes en la etapa preparatoria.
Críticas y polémicas durante el proceso
A pesar de las críticas y la presión, los legisladores admitieron que no estaban completamente de acuerdo con todos los artículos del código. Sin embargo, reconocieron que el país enfrentaría el riesgo de volver al viejo Código Procesal Penal de 2002 si no se aprobaba el proyecto antes del 11 de diciembre.
El senador Antonio Taveras, quien presidió la comisión encargada de estudiar el proyecto, manifestó su desacuerdo con ciertos aspectos del código, pero urgió a sus colegas a votar a favor para evitar un vacío legal. Por su parte, el senador Ramón Rogelio Genao señaló que el Código Procesal Penal es “perfectible” y podría ser modificado en el futuro, pero enfatizó que la aprobación era esencial para el sistema de justicia del país.
La rapidez en el proceso generó también controversia, con acusaciones de intromisión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y críticas sobre la falta de legitimidad en la conformación de la comisión que aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados.
La sentencia del Tribunal Constitucional
La polémica comenzó cuando, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional anuló por completo el Código Procesal Penal de 2015 debido a la omisión de aspectos reglamentarios esenciales para su aplicación. Con la aprobación de este nuevo proyecto, el Congreso ha cumplido con la sentencia y evita que la ley quede fuera del ordenamiento jurídico dominicano.
El proyecto ahora está en manos del Poder Ejecutivo, que deberá promulgarlo antes del 11 de diciembre para evitar que se materialice la anulación ordenada por el Tribunal Constitucional.
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