Durante la audiencia preliminar del caso Calamar, la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, argumentó este viernes que el Ministerio Público (MP) contaba con información desde enero de 2022 relacionada con el empresario José Pablo Ortiz y la empresa OGSS, vinculada posteriormente al caso Senasa. La abogada de Castillo, Laura Acosta, subrayó que el MP no profundizó en las investigaciones sobre Ortiz y su empresa en ese momento, lo que, según la defensa, demostraría una “actuación selectiva” por parte del órgano acusador.
Acosta centró su intervención en el papel de Ortiz, quien es testigo del Ministerio Público en el caso Calamar y figura como parte del escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La abogada recordó que, según la acusación del MP, Ortiz habría recibido 529 millones de pesos relacionados con el fraude en Senasa, mientras que, en su declaración para el expediente Calamar, Ortiz afirmaba poseer solo un apartamento.
La defensa señaló que esos recursos presuntamente fueron canalizados a través de la empresa OGSS, constituida en 2020, y que el MP tenía conocimiento de la existencia de esta empresa desde 2022. Sin embargo, a pesar de contar con esa información, el MP no indagó a fondo en la situación financiera de Ortiz ni en sus empresas en el marco de la investigación del caso Calamar.
Acosta cuestionó la falta de profundización del MP, señalando que, de haberlo hecho, el caso Senasa podría haber sido investigado desde hace tres años. Además, destacó que en un interrogatorio en 2022, Ortiz aseguró no tener empresas ni bienes a nombre de terceros, una declaración firmada por los responsables de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.
La abogada argumentó que este antecedente demuestra que el MP no actuó con la debida diligencia en la investigación de Ortiz y su empresa OGSS, priorizando el caso Calamar. Según Acosta, esta actuación pone en duda la imparcialidad del MP, al insistir en que no debe haber justicia selectiva y que el mismo estándar de investigación debe aplicarse a todos los casos.
La defensa de Castillo presentó estas acusaciones durante la audiencia preliminar, en la cual se determinará si Gonzalo Castillo y los demás involucrados irán a juicio de fondo. El Ministerio Público los señala como parte de una estructura que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$19,000 millones.
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