Una mujer en el Distrito Nacional enfrenta cargos por agredir brutalmente a una perra, a quien roció con agua caliente mientras la canina protegía a sus cachorros de la lluvia en el edificio donde residía la agresora, en el sector Villa Juana.
La acusada, Mildred Margarita Victoriano, fue puesta bajo medidas de coerción que incluyen la presentación periódica ante el tribunal y una garantía económica de RD$ 8,000 por la crueldad cometida el 11 de abril de 2025.
Este jueves, la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, se reservó el fallo del juicio preliminar y fijó para el 5 de febrero de 2026 la lectura de la decisión.
El rescatista William Betances, quien auxilió a la perra tras la denuncia, detalló que el animal sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Además, Lourdes Rodríguez de la Fundación Protección Animal Nacional y Hogar Canino Rodríguez, reveló que no fue la primera vez que Victoriano maltrataba a la perra. Un día antes del ataque con agua caliente, la agresora le habría echado ácido de batería al animal.
De acuerdo con Rodríguez, en una ocasión anterior, Victoriano también patió a la perra preñada, lo que resultó en la muerte de sus cachorros.
Las organizaciones de protección animal han mostrado imágenes de la canina, quien aún sufre por las quemaduras. La perra se encuentra en un hogar temporal donde se recupera, y afortunadamente, los cachorros sobrevivieron ilesos.
Denuncias de irregularidades
William Betances, rescatista desde 2014, denunció los trámites complicados y los “tecnicismos” que enfrentan las organizaciones de protección animal cuando intentan hacer justicia. Betances, junto con otras personas de organizaciones como Ecoportal Dominicana, fueron excluidos de la audiencia del juicio preliminar. La jueza les prohibió estar presentes, alegando que no eran dueños de la perra.
La ley y la pena
La ley de protección animal, Ley 284-12, establece que quienes cometan actos de crueldad animal pueden ser castigados con hasta un año de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta 50 salarios mínimos. En caso de reincidencia, la pena podría duplicarse, según el artículo 61 de la ley.
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