El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) oficializaron una nueva resolución que define los lineamientos para la certificación y reconocimiento de títulos académicos obtenidos en el extranjero por profesionales del área de la salud.
La normativa pone especial énfasis en las especialidades médicas y en los programas cursados bajo modalidades virtuales o semipresenciales, estableciendo mecanismos para verificar que dichas formaciones cumplan con los estándares exigidos en la República Dominicana.
Según las autoridades, esta disposición busca garantizar que los profesionales que ejerzan en territorio dominicano posean una preparación académica y práctica acorde con los niveles de calidad requeridos para ofrecer servicios de salud seguros y eficientes.
El documento establece criterios específicos para evaluar la equivalencia de los títulos extranjeros, tomando en cuenta aspectos como la carga académica, la formación clínica supervisada y las competencias profesionales adquiridas durante el proceso educativo.
Asimismo, contempla procedimientos de revisión para programas impartidos a distancia o de manera híbrida, especialmente en aquellas áreas donde la práctica clínica presencial resulta fundamental para el desarrollo de habilidades médicas especializadas.
Durante la firma de la resolución, los ministros de ambas instituciones resaltaron la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y regulación del ejercicio profesional en el sector salud.
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, explicó que la medida busca asegurar que las especialidades médicas reconocidas en el país mantengan niveles de formación comparables con los estándares nacionales, especialmente en lo relacionado con la práctica presencial y la supervisión clínica adecuada.
Por su parte, el titular del Mescyt, Rafael Santos, destacó que la resolución establece los procedimientos que permitirán reconocer, legalizar y certificar títulos obtenidos en el extranjero, garantizando transparencia y rigor en los procesos de validación.
Con esta iniciativa, ambas entidades reafirman su compromiso de fortalecer la calidad educativa en el ámbito sanitario y asegurar que los profesionales que ofrecen servicios de salud en el país cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades competentes.
La disposición entró en vigor inmediatamente después de su firma y será ejecutada de manera conjunta por ambas instituciones dentro de sus respectivas áreas de competencia.
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