Astreinte Caso Intrant:
Santo Domingo. – Lo que inició como el decomiso rutinario de evidencias en un allanamiento ha desencadenado una costosa disputa legal para el Estado dominicano. El exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exige el pago de RD$7,000,000.00 a la Procuraduría General de la República (PGR). La millonaria reclamación no responde a los daños del proceso principal, sino al incumplimiento en la devolución de un teléfono celular Samsung S3 retenido por las autoridades.
Esta incidencia procesal, enmarcada bajo el denominado Astreinte Caso Intrant, pone bajo la lupa la agilidad de los órganos persecutores frente a las órdenes emitidas por los tribunales de la instrucción.
El origen de la penalidad: Una orden judicial del 2025
La controversia económica se remonta a junio de 2025. En esa fecha, la magistrada Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, acogió una solicitud de entrega de bienes interpuesta por la defensa de Álvarez Carbuccia.
En dicha resolución, la jueza ordenó la restitución total de las propiedades incautadas en el allanamiento de octubre de 2024 y fijó un astreinte (multa condenatoria diaria) de RD$20,000.00 por cada día de retraso en la ejecución del dictamen. Al no completarse la devolución del mencionado dispositivo de gama baja, la penalidad acumulada escaló hasta alcanzar los siete millones de pesos que hoy reclama el encartado.
Para comprender la magnitud de las propiedades en disputa y su estatus actual dentro del proceso, la distribución de los bienes se detalla a continuación:
| Bien Comercial / Propiedad Incautada | Estado de Entrega | Argumento del Órgano Persecutor (PEPCA) |
| Vehículo Chevrolet Tahoe (2017) | Devuelto | Propiedad liberada tras verificación. |
| 5 Celulares (Modelos iPhone y Samsung) | Devueltos | Dispositivos procesados sin oposición. |
| Computadora portátil MacBook | Devuelta | Dispositivo tecnológico liberado. |
| 5 Relojes de uso personal | Devueltos | Bienes suntuarios restituidos. |
| 17 Cartuchos de perdigones (Calibre 12) | Devueltos | Municiones Magtech entregadas. |
| Celular Samsung S3 | PENDIENTE | Evidencia clave con extracciones del INACIF. |
Debate entre el valor comercial y el valor probatorio
El abogado defensor Jhon Manuel Frías Frías aclaró a las afueras del tribunal que la audiencia celebrada este martes no debatió los elementos de fondo de la presunta estafa de más de RD$1,300 millones al Estado. "Se trató exclusivamente de una incidencia derivada de la ejecución de una decisión judicial previamente dictada", enfatizó.
Por su parte, el fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Jhonatan Pérez Fulcar, minimizó el valor económico del aparato, señalando que en el mercado actual apenas costaría unos tres mil pesos. Sin embargo, defendió la retención del equipo argumentando que posee una alta "relevancia" probatoria debido a las extracciones periciales realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
La jueza Padilla Rosario informó que dará a conocer el fallo definitivo sobre el pago o la exoneración de este astreinte el próximo 23 de julio. Cabe recordar que Álvarez Carbuccia figura en el expediente acusatorio junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario Jochi Gómez, por cargos de sabotaje a la red semafórica, lavado de activos y delitos de alta tecnología, cuyo juicio de fondo está pautado para iniciar el 11 de agosto de 2026.
Nota de la Redacción: El costo de los descuidos burocráticos
El conflicto en torno al Astreinte Caso Intrant desnuda una falencia alarmante en la operatividad del Ministerio Público dominicano. Resulta inadmisible que por la negligencia o el retraso administrativo en la entrega de un celular obsoleto de tres mil pesos, los contribuyentes dominicanos queden expuestos a pagar una penalidad de siete millones de pesos. Desde la sala de redacción de Lo Que Pasa RD, señalamos que la PEPCA debe ser implacable persiguiendo la corrupción, pero igualmente rigurosa en el cumplimiento de los plazos legales. La eficiencia judicial no se mide solo en titulares de prensa, sino en el respeto absoluto al debido proceso para evitar que los errores técnicos le cuesten una fortuna al pueblo.
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