Santo Domingo, RD. – Los empresarios Maribel y Antonio Espaillat interpusieron un recurso de apelación formal en contra de la medida cautelar que ordenó el embargo preventivo e hipoteca judicial sobre sus bienes muebles, cuentas bancarias y activos empresariales por un valor global de RD$500 millones de pesos. Este procedimiento se relaciona con el caso conocido como Caso Jet Set.
Esta drástica penalidad económica contra los propietarios de emblemáticas firmas comerciales fue dispuesta originalmente dentro del proceso derivado del trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, un suceso ocurrido recientemente que dejó un doloroso saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridos. El expediente ya se encamina a un juicio de fondo formal, lo que mantiene la atención pública sobre el desarrollo de este sensible caso Jet Set y el Caso Jet Set.
Importancia del Caso Jet Set
A través de una instancia técnico-legal depositada ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la barra de la defensa de los imputados pretende que la Corte de Apelación revoque la disposición real que congela el duplo de la suma principal reclamada. Según los juristas, esta retención forzosa de valores está estrangulando la liquidez y afectando de manera directa el patrimonio personal de los encartados, así como las operaciones corrientes de sus razones sociales.
El documento jurídico, firmado por los hermanos Espaillat junto a Ana Grecia López y Evelyn Espaillat, solicita formalmente al estamento judicial que el embargo de las cuentas sea sustituido por una fianza (una garantía económica equivalente) por la totalidad del monto autorizado por el tribunal de instrucción. Con esta maniobra, los representantes legales procuran liberar las cuentas operativas de importantes consorcios de comunicación e inversión inmobiliaria vinculados a la familia.
Las corporaciones que se encuentran actualmente bajo la medida de coerción real dentro de las investigaciones en curso son las siguientes:
- Inversiones E y L, S.R.L.: Sociedad comercial e inmobiliaria afectada bajo el dictamen de embargo preventivo.
- Radiocadena Comercial, S.R.L.: Consorcio de medios de comunicación cuyos activos operativos se encuentran temporalmente congelados.
- Difusora Hemisferio, S.R.L.: Firma de difusión y telecomunicaciones comprometida directamente en la medida cautelar.
- Inversiones CCEP-2, S.A.: Sociedad de inversiones generales incluida en el bloqueo preventivo de fondos.
Juicio de fondo por presunto homicidio involuntario
Se recuerda que el pasado 15 de junio de 2026, el juez Raymundo Mejía dictó de manera oficial el auto de apertura a juicio de fondo en contra de Antonio y Maribel Espaillat, tras ser procesados por la presunta comisión del delito de homicidio involuntario. Fue precisamente en esa misma audiencia preliminar donde el magistrado ordenó trabar los embargos conservatorios (retenciones temporales automáticas) e inscribir las correspondientes hipotecas judiciales sobre las propiedades inmobiliarias registradas de los acusados para garantizar eventuales indemnizaciones civiles.
Durante el desarrollo de esa etapa, los abogados defensores manifestaron expresamente ante el juzgado que no guardaban objeciones estructurales con que el caso fuera discutido en un juicio de fondo completo, concentrando toda su estrategia actual en rebatir las pólizas de garantía y los embargos financieros que hoy paralizan a sus firmas corporativas. Corresponderá ahora al tribunal de alzada del Distrito Nacional fijar en los próximos días el calendario de audiencias para conocer los méritos de este recurso de apelación.
> ### Nota de la Redacción: El dilema entre la continuidad empresarial y la justicia penal en el caso Jet Set > > El colapso en la discoteca Jet Set representa una de las tragedias civiles más desgarradoras y masivas en la historia urbana de Santo Domingo. La pérdida de 236 vidas exige un proceso judicial transparente, riguroso y libre de privilegios. Sin embargo, el recurso interpuesto en este caso Jet Set abre un debate jurídico profundo: ¿debe mantenerse el congelamiento total de RD$500 millones a empresas informativas y comerciales que sustentan cientos de empleos indirectos, o es viable sustituirlo por una fianza líquida que garantice las indemnizaciones sin quebrar las operaciones de los consorcios? Desde la sala de redacción de Lo Que Pasa RD, sostenemos que la justicia debe caminar con firmeza pero con equilibrio técnico. Las familias de las víctimas merecen cada centavo de reparación y la sanción penal correspondiente si se demuestra la negligencia; pero el sistema judicial también debe velar por que los mecanismos de garantía no destruyan el tejido laboral antes de que exista una sentencia definitiva e irrevocable.
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