La justicia ha vuelto a cerrarle las puertas a la reclusión domiciliaria o condicional en uno de los episodios criminales más dolorosos en la historia reciente de la región del Cibao. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís rechazó de forma unánime el recurso de apelación interpuesto por María Elena Marizán, ratificando que deberá seguir tras las rejas por el caso Lohara Tavárez.

Con este nuevo dictamen, el tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la resolución de primera instancia que le niega cualquier tipo de beneficio carcelario a la interna. Los magistrados determinaron con rigor que los presupuestos y argumentos presentados por la barra de la defensa no demostraron los requisitos jurídicos exigidos por la ley para variar el estatus de su condena.

Caso Lohara Tavárez: Magistrados desestiman los argumentos de la defensa

El tribunal, integrado por tres jueces de amplia trayectoria, dio lectura íntegra al dispositivo de la sentencia, dejando claro que no existieron fallos ni violaciones de derechos en las decisiones previas que justificaran la puesta en libertad de la rea.

“Se desestima el recurso de apelación por no haberse comprobado los errores de derecho atribuidos a esta resolución y queda confirmada la misma en todas sus partes”, sentenció de forma categórica el tribunal de la provincia Duarte.

Tras el contundente fallo judicial, María Elena Marizán fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad de regreso al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, recinto penitenciario donde continuará cumpliendo de manera estricta la pena de 20 años de prisión que le fue impuesta por los tribunales de la República.

Un bálsamo de alivio para la familia Tavárez Rosario

La decisión del tribunal provocó una inmediata reacción de alivio y paz en el seno de la familia de la víctima. Tras salir de la sala de audiencias, los parientes de la malograda joven manifestaron su profunda gratitud con los jueces del sistema de justicia dominicano al considerar que mantener el castigo firme es un acto de respeto a la memoria de su pariente.

De igual manera, los familiares aprovecharon los micrófonos de la prensa local para extender un agradecimiento público al pueblo de San Francisco de Macorís. Destacaron que la sociedad francomacorisana se ha mantenido vigilante, solidaria y dándoles un respaldo moral incondicional desde el primer día en que se destapó la tragedia.

El atroz crimen de 2009 que marcó para siempre a la sociedad

El caso Lohara Tavárez se remonta al mes de noviembre del año 2009, cuando la joven Johanny Lohara Tavárez Rosario, una brillante estudiante de arquitectura de apenas 19 años de edad, fue reportada de forma desesperada como desaparecida en San Francisco de Macorís.

Días más tarde, la peor de las sospechas comunitarias se confirmó con el hallazgo de su cadáver en una zona totalmente despoblada y boscosa conocida como La Ceja. El cuerpo de la joven presentaba signos espantosos de saña y extrema violencia:

Estaba completamente amordazada y atada de pies y manos con sogas gruesas.
Presentaba evidentes señales de tortura física prolongada en distintas partes de su anatomía.
Su deceso se produjo a causa de múltiples y severos golpes contundentes en la cabeza.

Las investigaciones del Ministerio Público demostraron de manera científica que el crimen fue planificado meticulosamente. Los tribunales señalaron a María Magdalena Marizán Flores (Elena Marizán) como la autora intelectual del sangriento asesinato, pagando una fuerte suma de dinero a ejecutores materiales, entre los que figuró Víctor Alfonso Brito Vásquez, alias “El Guachi” (también condenado), y un menor de edad que terminó confesando los hechos ante las autoridades forenses.

Marizán ha intentado de manera reiterada evadir el cumplimiento total de su condena en los centros penitenciarios. De hecho, este mismo año interpuso una solicitud formal para acceder al beneficio de prisión domiciliaria, marcando lo que ha sido su tercer intento fallido por salir de la cárcel antes de completar la totalidad de la pena impuesta por la ley dominicana.