El juez Raymundo Mejía evaluará la solicitud de variación de la prisión preventiva en Najayo Hombres y examinará las pruebas del Ministerio Público para determinar el envío a juicio de fondo.

Redacción Judiciales / Lo Que Pasa RD.— El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene pautado conocer este lunes la revisión de la medida de coerción y el inicio de la audiencia preliminar en contra del exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por la presunta solicitud y recepción de dádivas ilícitas durante el ejercicio de sus funciones.
Valdez Alcántara, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal, procura a través de su defensa técnica que el magistrado Raymundo Mejía sustituya la privación de libertad por una medida cautelar menos gravosa.
Examen de pruebas e inicio de la etapa preliminar
De manera simultánea, el tribunal dará apertura a la audiencia preliminar del proceso. En esta fase procesal, el juez examinará la acusación formal interpuesta por el Ministerio Público, así como el acervo probatorio depositado y las alegaciones de la defensa, para decidir si existen elementos suficientes que justifiquen enviar el expediente a un juicio de fondo.
Entre las decisiones que puede adoptar el tribunal figuran la admisión total o parcial del escrito de acusación, el auto de apertura a juicio, el rechazo de la instancia o la modificación de la medida de coerción vigente.
Origen de la imputación y paso a la jurisdicción ordinaria
Aurelio Valdez Alcántara se desempeñaba como fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), participando en indagatorias de alto perfil, entre ellas el expediente relativo al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
De acuerdo con el órgano acusador, tras un interrogatorio realizado en diciembre de 2025 a Roberto Canaán, investigado en el caso Senasa, el entonces fiscal habría establecido contacto directo vía mensajería instantánea para presuntamente requerir sumas económicas que oscilaban entre los 150,000 y 200,000 dólares estadounidenses, además de bienes de lujo, a cambio de beneficios procesales.
La investigación determinó la realización de un operativo de entrega controlada por valor de 10,000 dólares el 27 de marzo de 2026, fecha en la que el imputado fue arrestado. El escrito formal de acusación fue presentado el 10 de agosto de 2026.
Posteriormente, tras la renuncia voluntaria de Valdez Alcántara al Ministerio Público el 10 de septiembre de 2026, el expediente perdió el privilegio de jurisdicción y fue remitido por la jueza coordinadora Kenya Romero a la jurisdicción ordinaria, fijándose la audiencia preliminar para este 5 de octubre.
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