Los fiscales del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo retomaron este lunes su jornada de protesta, suspendiendo sus funciones entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, como parte de una convocatoria nacional hecha por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom). La suspensión impactó el funcionamiento de todas las fiscalías y Palacios de Justicia del país, con excepción de las salas de Atención Permanente y las unidades de Violencia de Género.
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La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ha convocado a una reunión de emergencia con la dirigencia de Fiscaldom para esta misma tarde, en busca de soluciones al conflicto.
Durante la mañana, decenas de fiscales, vestidos con sus togas y birretes, se concentraron frente a los Palacios de Justicia de Ciudad Nueva, Charles de Gaulle y Las Caobas, en señal de protesta. Exigen el cumplimiento de promesas pendientes, entre ellas mejoras salariales y ascensos en sus cargos.
El coordinador general de Fiscaldom, Andrés Comas, aclaró que, pese a la paralización, los fiscales están atendiendo los casos que por ley no pueden ser aplazados, como medida para mitigar los efectos en la población. “Esta lucha no es solo por condiciones laborales; se trata de garantizar un sistema de justicia que funcione y responda a las necesidades de la sociedad”, expresó.
Exigen cumplimiento de la ley y asignación presupuestaria
Esta manifestación se suma a la realizada la semana anterior, donde se exigía el cumplimiento de la Ley 133-11 del Ministerio Público, así como la aplicación de sentencias administrativas y resoluciones del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP).
Fiscaldom advierte que la situación actual requiere la intervención directa del Poder Ejecutivo, al que responsabiliza de no destinar el presupuesto necesario para el funcionamiento adecuado del sistema judicial.
Un sistema en crisis
Según el gremio, la escasez de recursos afecta directamente tanto a los fiscales como a la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos, ya que limita la eficiencia de los procesos judiciales y, por ende, el acceso a la justicia.
Fiscaldom instó a la procuradora Miriam Germán y al Poder Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, estableciendo un diálogo serio, transparente y orientado a soluciones concretas.
Finalmente, Comas recordó que la Ley 194-04 estipula que el Ministerio Público debe recibir el 1.43% del presupuesto nacional, y aseguró que sin esa asignación, es imposible sostener un sistema de justicia eficaz. “Es indispensable que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y garantice los recursos para proteger el Estado de Derecho”, concluyó.
