Desalojo violento en mina Barrick Gold deja heridos y comunidades en crisis en Sánchez Ramírez

En la provincia Sánchez Ramírez, más de 1,200 familias se encuentran en estado de vulnerabilidad tras un desalojo forzoso llevado a cabo por la empresa Barrick Gold, con apoyo de miembros del Ejército Dominicano. El operativo ocurrió en horas de la madrugada del miércoles, y dejó como saldo varios heridos y tensiones en aumento.

Las comunidades más afectadas son Zambrana Arriba, Arroyo Vuelta, Laja, Las Tres Bocas, El Ligo, El Rayo y El Naranjo, cuyos residentes denuncian que fueron expulsados de sus tierras de forma abrupta y sin diálogo previo.

Según testigos, la llegada de los militares junto a representantes de la minera desató enfrentamientos. Los comunitarios alegan que han habitado esos territorios por generaciones y que la presencia de la minera ha provocado un constante acoso para que abandonen sus propiedades.

El sacerdote Johnny, párroco de la zona y uno de los heridos durante el desalojo, denunció en un video que la intervención fue brutal:

“Intentamos dialogar pacíficamente, pero fuimos reprimidos con bombas lacrimógenas. Esto ha sido un atropello”, afirmó, mostrando una herida en la frente.

El religioso acusa a la Policía y al Ejército de ejecutar órdenes directas de Barrick Gold:

“Estamos desarmados, solo pedimos que nos escuchen. La comunidad fue invadida por una fuerza militar para imponer los intereses de una empresa extranjera”, expresó indignado.

También mencionó que, según sus palabras, la ejecutiva de la empresa, Juana Barceló, afirmó que “Barrick Gold entrará sí o sí, porque es la autoridad aquí”, lo cual ha sido duramente criticado por defensores de los derechos humanos.

Diversas organizaciones sociales han manifestado su rechazo a lo ocurrido, solicitando una investigación inmediata sobre la legalidad del procedimiento y exigiendo al Gobierno que garantice los derechos de las comunidades afectadas.

Mientras tanto, los residentes de Sánchez Ramírez mantienen el estado de alerta y aseguran que seguirán organizándose para defender sus tierras frente a lo que califican como un desalojo ilegal y abusivo.

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