Las amplias órdenes del presidente Donald Trump para eliminar los esfuerzos del gobierno en pro de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) marcan un cambio profundo para el país y deshacen las prioridades de décadas del gobierno federal, el mayor empleador de Estados Unidos, y sus esfuerzos para presionar al sector privado a que también garantice una fuerza laboral diversa e inclusiva.
Trump, quien acaba de comenzar su segundo mandato como presidente, ha dejado claro con estas medidas de gran alcance que está dispuesto a utilizar todos los recursos del gobierno para cumplir con una promesa de campaña que hizo hace tiempo: generar un cambio cultural profundo en el país, pasando de promover la diversidad a enfocarse exclusivamente en el mérito.
Horas después de asumir el cargo, el presidente firmó una orden ejecutiva que pone fin a los programas DEI dentro del gobierno federal, los cuales él y los conservadores han calificado como discriminatorios.
El martes, su administración tomó medidas para eliminar la acción afirmativa —que promueve medidas proactivas para abordar la discriminación histórica de grupos subrepresentados en áreas como contratación o admisión— en el gobierno federal, una medida inicialmente establecida por el presidente Lyndon Johnson. Además, ordenó que todo el personal federal involucrado en los programas de DEI fuera puesto en licencia con goce de sueldo y, eventualmente, despedido.
Este impulso refuerza la política que Trump implementó en su primer mandato y se basa en las mismas herramientas que su predecesor, el expresidente Joe Biden, utilizó para promover los programas DEI, incluyendo su inclusión en las normas para los contratistas federales y los beneficiarios de subvenciones.
Biden y sus aliados presentan los programas DEI como una forma de garantizar que las comunidades históricamente marginadas sean incluidas y representadas. Por el contrario, Trump los ha calificado como “discriminación” y ha afirmado que su objetivo es restaurar un sistema de contratación “basado en el mérito”.
Everett Kelley, presidente nacional de la American Federation of Government Employees (Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno), comentó que el gobierno ya realiza contrataciones y promociones basadas exclusivamente en el mérito. "Los resultados son claros: una fuerza laboral federal diversa que refleja al país al que sirve, con las brechas salariales de género y raza más bajas en la nación. Todos deberíamos estar orgullosos de eso", señaló Kelley en un comunicado.
Kelley calificó las acciones de Trump como una "cortina de humo" para despedir a funcionarios públicos, socavar el servicio civil apolítico y transformar al gobierno federal en un ejército de leales exclusivamente al presidente y no a la Constitución.
La orden de Trump también instruye a las agencias federales a desarrollar planes para desalentar los programas DEI en el sector privado y en las universidades, e incluye la posibilidad de iniciar investigaciones por incumplimiento civil para lograr este objetivo. Este movimiento busca enfriar las iniciativas DEI a nivel nacional, colocándolas bajo el escrutinio del gobierno federal de tal forma que, incluso si se implementan legalmente, los empleadores privados podrían verse obligados a enfrentarse a investigaciones federales.
El cambio de prioridades entre gobiernos de diferentes partidos políticos no es algo nuevo, pero la rapidez y la magnitud con que Trump está desmantelando los programas DEI, que fueron adoptados a gran escala en el país, es sin precedentes.
Al final de su primer mandato, Trump intentó prohibir que los contratistas federales y los beneficiarios de fondos federales llevaran a cabo iniciativas de diversidad corporativa. Biden anuló esa orden en su primer día de mandato y emitió dos órdenes ejecutivas para promover la sensibilización frente al sesgo y la discriminación en todo el gobierno y la fuerza laboral.
"No puedo subestimar el impacto de esa orden ejecutiva. Realmente definió los cuatro años del gobierno de Biden", comentó Mike Gonzalez, miembro sénior de la Heritage Foundation (Fundación Legado), una organización conservadora. "Lo primero que hace Trump es rescindir esa orden ejecutiva", añadió.
Gonzalez calificó los programas DEI como "peligrosos, degradantes e inmorales", argumentando que violan la Ley de Derechos Civiles y las garantías de igualdad ante la ley de la 14ª Enmienda.
En cuanto a las encuestas, la mayoría de los estadounidenses cree que ser blanco y hombre ofrece ventajas en Estados Unidos, mientras que ser negro representa un obstáculo. Sin embargo, una encuesta de 2024 muestra que los ciudadanos están más divididos sobre si las personas blancas realmente se benefician de ventajas que las personas negras no tienen, o si las mujeres todavía enfrentan barreras que dificultan su progreso frente a los hombres.
Los partidarios de Trump parecen especialmente preocupados por los avances de grupos como las mujeres y las minorías raciales a expensas de otros. Según AP VoteCast, alrededor de tres de cada diez votantes en las elecciones de 2024 expresaron preocupación por la atención que la sociedad ha dedicado al progreso de las mujeres a expensas de los hombres, y los votantes republicanos parecían más divididos en este tema.
Antes incluso de las medidas de Trump, ya había una creciente resistencia a los programas DEI en el ámbito empresarial. Decenas de empresas comenzaron a reducir o eliminar sus compromisos de DEI tras un fallo de la Corte Suprema en 2023 que eliminó la acción afirmativa en las universidades, lo que generó una ola de demandas conservadoras contra los esfuerzos DEI en las empresas. Esta tendencia se aceleró aún más con la elección de Trump, ya que las compañías anticiparon sus órdenes para desmantelar la DEI.
Empresas como Walmart han dejado claro que ya no considerarán la raza ni el género a la hora de ofrecer contratos a proveedores, una decisión que refleja las reformas que el gobierno de Trump implementará en los contratos federales. Otras compañías como META, McDonald’s y Boeing también han abandonado los compromisos de DEI debido al cambio en el panorama legal y político.
No obstante, muchas grandes empresas siguen comprometidas con las políticas de DEI, incluidas algunas con contratos gubernamentales, como Microsoft y Accenture.
