El Gobierno de la República Dominicana autorizó la extradición del ciudadano Erick Jason Victoria Brito, requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos por su presunta implicación en delitos graves como fraude bancario, lavado de activos, uso indebido de información personal y hurto mayor.
Tabla de contenido
Procesos judiciales abiertos en Estados Unidos
Victoria Brito enfrenta cargos en dos jurisdicciones estadounidenses:
- Caso 1: Radicado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (expediente 22-CRIM-648), por conspiración para cometer fraude bancario y lavado de dinero.
- Caso 2: Abierto en el Tribunal del Decimoséptimo Circuito Judicial del Condado de Broward, Florida (expediente 21-011208CF10A), por uso ilegal de datos personales y hurto de gran cuantía.
Ambos casos corresponden a delitos considerados serios tanto por la legislación estadounidense como por el ordenamiento jurídico dominicano, cumpliendo así los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición vigente entre ambos países desde 2016.
Decisión de la Suprema Corte de Justicia
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia celebró una audiencia pública el 8 de noviembre de 2024, durante la cual Victoria Brito optó por aceptar voluntariamente el proceso de extradición simplificada. Esta decisión aceleró su traslado, al evitar un procedimiento judicial más prolongado.
Condiciones impuestas por el Estado Dominicano
El decreto presidencial que autoriza la extradición establece varias condiciones clave:
- Victoria Brito solo podrá ser juzgado por los delitos específicos incluidos en la solicitud formal de extradición.
- No podrá ser condenado a la pena de muerte ni a sanciones que superen los límites establecidos por el Código Penal dominicano.
- Las autoridades estadounidenses deberán garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, conforme a los tratados internacionales suscritos por la República Dominicana.
Coordinación interinstitucional para la entrega
El decreto instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración para coordinar la entrega del extraditado a las autoridades de Estados Unidos, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos legales y de seguridad.
