La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Corea del Sur suspendió su histórica investigación sobre los fraudes y abusos vinculados al programa de adopciones extranjeras del país, una decisión que ha generado polémica y decepción entre adoptados y defensores de derechos humanos.
La comisión solo confirmó violaciones en 56 de los 367 casos presentados por adoptados antes de anunciar la suspensión este miércoles por la noche, a menos de un mes del final de su mandato, previsto para el 26 de mayo. El futuro de los 311 casos restantes —incompletos o pospuestos— dependerá de si el próximo gobierno establece una nueva comisión mediante legislación.
El informe provisional publicado en marzo responsabilizó al gobierno surcoreano de facilitar un sistema plagado de manipulaciones y abusos, ejecutado por agencias privadas que falsificaban los antecedentes de los niños enviados a Europa, EE.UU. y Australia. Según la comisión, estas prácticas buscaban reducir el gasto estatal en protección social.
Sin embargo, algunos miembros del panel, dominado por comisionados conservadores nombrados por el expresidente Yoon Suk Yeol, se opusieron a reconocer casos donde los adoptados no pudieran probar con documentos o encuentros biológicos la falsificación de sus datos. El 25 de marzo, votaron para aplazar la evaluación de 42 casos por “falta de pruebas concluyentes”.
El miércoles, el panel decidió por unanimidad suspender todas las investigaciones pendientes, argumentando falta de tiempo para analizarlas adecuadamente. Cinco de los nueve comisionados culminaron su mandato esa misma noche, imposibilitando futuras decisiones al no alcanzar el quórum mínimo requerido.
Park Geon Tae, investigador principal de la comisión, confirmó que no se emitirán más informes antes del cierre definitivo. El debate ahora pasa al ámbito político, a pocas semanas de las elecciones presidenciales anticipadas del 3 de junio, convocadas tras la destitución de Yoon por la Corte Constitucional.
El académico Philsik Shin criticó la postura del panel, afirmando que se niega a reconocer los patrones sistémicos de abuso. Sus investigaciones muestran que más del 90% de los niños enviados al extranjero en los años 80 tenían familiares identificables, a pesar de haber sido registrados como huérfanos.
La investigación de la comisión coincidía con revelaciones anteriores de la agencia AP y el programa Frontline de PBS, que documentaron cómo el Estado surcoreano y agencias occidentales facilitaron unas 200,000 adopciones bajo condiciones opacas y, muchas veces, fraudulentas.
Pese a las recomendaciones de la comisión, el gobierno aún no ha emitido una disculpa oficial ni asumido responsabilidad directa por los abusos cometidos durante décadas.
