El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió este jueves modificar la medida de coerción impuesta al exprocurador Jean Alain Rodríguez, ordenando el levantamiento del arresto domiciliario y el retiro del grillete electrónico que portaba desde hace meses.
La jueza presidenta del tribunal, Clarivel Nivar, explicó que se mantienen vigentes otras medidas cautelares, como el pago de una garantía económica de 30 millones de pesos —mediante una compañía aseguradora— y el impedimento de salida del país.
El Ministerio Público había solicitado que Rodríguez continuara bajo arresto domiciliario, argumentando riesgo de fuga y posible obstrucción del proceso. Sin embargo, el tribunal consideró que el comportamiento del imputado durante el proceso ha sido adecuado, por lo que no es necesario mantener esas restricciones.
A la salida de la audiencia, Rodríguez afirmó que nunca debió estar en prisión y que ha enfrentado casi cuatro años de privación de libertad con entereza. “Me presenté voluntariamente y me dejaron bajo arresto. Han sido cuatro años duros, casi dos en prisión, pero todo tiempo se cumple. Ahora ha llegado el momento de recuperar mi libertad”, expresó el exfuncionario, principal implicado en el caso Medusa.
También aseguró que, aunque el juicio aún no ha comenzado, continuará defendiendo su inocencia. “Este es un expediente sin sentido ni sustento, y así lo vamos a demostrar”, afirmó.
Por su parte, su abogado, Carlos Balcácer, instó al Ministerio Público a respetar la decisión judicial. “Esperamos que no se encabriten ni se amotinen contra el Poder Judicial. Ya es hora de dejar atrás ese discurso del miedo a la fuga. Vamos a enfrentar el juicio y a resolver esto como se debe”, declaró.
No obstante, el Ministerio Público recalcó que la modificación de la medida no representa un revés. “Esta decisión no cambia nada. El proceso continúa”, dijo el fiscal Emmanuel Ramírez, quien insistió en que la acusación será sustentada con pruebas para “destruir la presunción de inocencia” del exprocurador.
Jean Alain Rodríguez está acusado de liderar una red de corrupción administrativa durante su gestión al frente del Ministerio Público (2016-2020), la cual fue revelada con la Operación Medusa.
Los cargos que enfrentan él y sus coimputados incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
La acusación consta de 12,274 páginas, más de 3,500 pruebas y unos 400 testigos. Entre los acusados figuran también Jhonatan Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte, Miguel José Moya, y otras personas físicas y jurídicas.
