La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, defendió este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Antonio Espaillat, acusado de homicidio involuntario por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set.
En su petición de medidas de coerción, el Ministerio Público también solicitó que Maribel Espaillat, hermana del imputado, cumpla arresto domiciliario. Además, se pidió declarar el caso como complejo.
Ante cuestionamientos por la duración de la medida solicitada, Reynoso argumentó que la Procuraduría actúa guiada por una política enfocada en dar respuesta a hechos con “alta lesividad social”.
A la salida del acto de rendición de cuentas del Defensor del Pueblo en el Senado, la procuradora declaró que "la sociedad merece" que el Ministerio Público actúe con firmeza ante casos como el del Jet Set, debido a su impacto.
“Si revisan toda nuestra trayectoria, verán que en este caso no hemos actuado de forma distinta”, expresó, en alusión a otros procesos judiciales relevantes donde se ha pedido prisión preventiva como medida para garantizar las investigaciones.
El conocimiento de las medidas de coerción contra los hermanos Espaillat está pautado para este miércoles, donde el tribunal continuará leyendo las acusaciones del Ministerio Público y valorando las denuncias presentadas.
Los fiscales sostienen en su expediente que el colapso del techo del Jet Set, que provocó la muerte de 236 personas, fue producto de la “negligencia e irresponsabilidad” de los propietarios del establecimiento.
Si bien el Ministerio Público dispone de otras medidas cautelares, como arresto domiciliario, impedimento de salida, garantía económica o presentación periódica, optó por la prisión preventiva debido a la gravedad del caso, apoyado en disposiciones del Código Procesal Penal.
Código Penal: llamado a una nueva legislación
Durante el mismo acto, Reynoso reiteró su llamado al Congreso para la aprobación de un nuevo Código Penal. Señaló que el actual código tiene más de 140 años de vigencia, pese a que “los delitos siguen cambiando”.
No obstante, afirmó que los fiscales “trabajan con lo que tienen”, pero sin dejar de insistir en la necesidad de una legislación penal actualizada.
Actualmente, el nuevo Código Penal se analiza en una comisión bicameral que estudia siete propuestas similares. La actual legislatura concluye el 26 de julio, y el liderazgo congresual ha mostrado interés en aprobar la iniciativa antes de esa fecha.
