La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, hizo un firme llamado este lunes a que se tomen acciones contra los funcionarios que, a pesar de haber sido identificados por la Cámara de Cuentas, no han presentado su Declaración Jurada de Patrimonio. En una reunión con entidades del sistema de control, Ortiz Bosch propuso que estos casos sean enviados a la Procuraduría General de la República para que se apliquen las medidas correspondientes, de acuerdo con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
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Régimen de consecuencias
Ortiz Bosch explicó que una vez que la Procuraduría reciba los casos de omisión, debe proceder a declarar formalmente la falta. Esta acción genera una sanción inicial: los funcionarios quedarían inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Aunque esta es solo una de las sanciones posibles bajo la normativa, constituye el primer paso hacia una acción más severa.
A pesar de que la Ley 311-14 está vigente desde 2014, la funcionaria admitió que su cumplimiento no ha sido consistente. Destacó que la responsabilidad de hacer cumplir la ley recae sobre la Cámara de Cuentas, no el Poder Ejecutivo, aunque el Ejecutivo ha utilizado suspensiones temporales como mecanismo de presión para que los funcionarios cumplan con sus obligaciones.
“Esas suspensiones se han usado como mecanismo de presión, no como castigo final”, explicó Ortiz Bosch, subrayando la importancia de un accionar más firme de la Cámara de Cuentas para garantizar que los funcionarios declaren sus bienes.
Nueva etapa en la Cámara de Cuentas
Ortiz Bosch destacó que el nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, presidido por Emma Polanco, representa una oportunidad para renovar esfuerzos en el cumplimiento de la ley. La actual gestión de la Cámara ha mostrado mayor disposición para aplicar las normativas de control y transparencia, lo que ha generado expectativas positivas sobre el fortalecimiento de la integridad institucional.
Incumplimiento en el ámbito municipal
La funcionaria señaló que uno de los mayores problemas de incumplimiento se concentra en el ámbito municipal, especialmente entre los alcaldes. En ese sentido, insistió en que todos los servidores públicos, sin excepción, deben cumplir con el deber de presentar su declaración jurada dentro de los plazos legales establecidos.
“El sistema ya no puede permitir más omisiones”, subrayó Ortiz Bosch, recordando que la responsabilidad de hacer seguimiento a estos casos recae en la Cámara de Cuentas.
Cifras de incumplimiento
De acuerdo con datos proporcionados por la Cámara de Cuentas, alrededor de 47 alcaldes y 34 diputados aún no han presentado su declaración patrimonial. Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, advirtió que se procederá a retener el salario de los legisladores que sigan en falta.
Los diputados fueron juramentados el 16 de agosto de 2024 y tenían un mes para cumplir con la ley. Sin embargo, 34 de ellos aún no han entregado la documentación requerida. Este incumplimiento resalta la necesidad urgente de aplicar sanciones efectivas para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley.
