Introducción: En una decisión que ha generado un fuerte impacto en el sector académico y político de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader dispuso este viernes la destitución de Rafael Jesús Féliz García como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA). La medida, oficializada mediante el decreto núm. 39-26, pone fin a una gestión que se vio empañada en las últimas horas por cuestionamientos éticos y administrativos.
El Decreto 39-26: El fin de una designación de Rafael Féliz García
El artículo 1 de la nueva disposición presidencial deroga explícitamente el artículo 13 del decreto núm. 390-24, emitido el pasado 17 de julio de 2024, mediante el cual Féliz García había sido nombrado frente a la institución de educación superior. Según el comunicado oficial de la Dirección de Prensa del Presidente, este movimiento se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y forma parte de un proceso de “fortalecimiento institucional”.
El detonante: La investigación de Nuria Piera
Aunque el comunicado oficial no detalla las causas específicas, la opinión pública vincula directamente la destitución con el reportaje presentado recientemente por la periodista de investigación Nuria Piera. En dicho trabajo periodístico, se denunció un presunto esquema de deducciones salariales irregulares a empleados del ITLA.
De acuerdo con la investigación, estos fondos no tenían como destino la mejora institucional, sino que eran desviados al movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”, organización fundada y coordinada por el propio Féliz García. Esta revelación provocó una ola de críticas, al interpretarse como un uso indebido de los recursos públicos y una coacción hacia los servidores del Estado para financiar actividades proselitistas.
El antecedente de San Francisco de Macorís
“Este no es el primer cuestionamiento que enfrenta la administración de Rafael Féliz García. Meses atrás, su gestión en el ITLA se vio envuelta en una fuerte controversia tras la firma de un millonario contrato de alquiler para una nueva extensión del instituto en San Francisco de Macorís. Según las denuncias presentadas en su momento, el contrato involucraba el pago de sumas que muchos sectores consideraron exorbitantes por un inmueble vinculado a figuras políticas locales. Aquel incidente ya había puesto los reflectores sobre la transparencia en los procesos de compras y contrataciones de la institución, creando un clima de desconfianza que terminó por colapsar con las recientes revelaciones sobre las coacciones salariales a los empleados.”
La respuesta del ITLA ante el escándalo
Antes de conocerse el decreto de destitución, el ITLA había emitido un comunicado a través de sus redes sociales negando categóricamente las acusaciones. La institución afirmó que no existía ninguna “instrucción administrativa o procedimiento de nómina” que autorizara retenciones para fines políticos. Sin embargo, la celeridad con la que el Poder Ejecutivo actuó tras la difusión del reportaje sugiere que las pruebas presentadas fueron suficientes para minar la confianza en el funcionario.
Perfil de Rafael Féliz García: De Ministro a Rector destituido
Rafael Féliz García, sociólogo de formación con maestría en Estudios Caribeños, ha tenido una trayectoria ascendente pero meteórica dentro del tren gubernamental. Fue coordinador nacional de juventud durante la campaña de Abinader en 2020, lo que le valió su nombramiento inicial como Ministro de la Juventud.
Tras una gestión discreta en el ministerio, fue trasladado al ITLA en julio de 2024. Su perfil como investigador social y consultor en temas de juventud lo posicionaba como un técnico valioso, pero su carrera se ve ahora truncada por este escándalo que lo sitúa en el centro de las investigaciones sobre corrupción administrativa y ética pública.
Implicaciones políticas y sociales
La destitución de Féliz García envía un mensaje directo a los funcionarios sobre la “tolerancia cero” ante denuncias de irregularidades administrativas, especialmente aquellas que involucran el desvío de salarios de empleados públicos. En un contexto donde el Gobierno dominicano busca mejorar su imagen de transparencia, este caso se convierte en un precedente importante.
Desde loquepasard.com, seguiremos dando seguimiento a este caso para confirmar si el Ministerio Público iniciará de oficio una investigación penal sobre las presuntas deducciones ilegales denunciadas.
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