Santo Domingo, RD – La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó este miércoles la destrucción de más de 64 millones de unidades de cigarrillos que intentaron ser introducidos al país de manera ilegal, sin el pago correspondiente de impuestos. La evasión fiscal derivada de esta acción asciende a RD$ 377,436,288.00.
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Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal
El director de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón, destacó la importancia de este operativo, subrayando que se trata de un avance significativo en la lucha contra el contrabando y actividades ilícitas. “Este es un avance en nuestra lucha contra el contrabando. Estamos demostrando que somos un destino seguro para la inversión”, afirmó Sanz Lovatón, quien destacó que es la primera vez que el Estado Dominicano trabaja de manera coordinada en la lucha contra estas prácticas.
El operativo de incautación se realizó en diversos puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, con la colaboración de la Armada Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio Público.
Colaboración Público-Privada
El evento de destrucción de los cigarrillos incautados contó con la presencia de diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos, representantes de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (Asocigar) y otras entidades gubernamentales. Juliana Guerra, directora comercial de Philip Morris, agradeció a la DGA por su compromiso en la lucha contra el contrabando, destacando la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para fortalecer el cumplimiento de las leyes y proteger tanto la salud pública como la economía nacional.
Objetivos de la DGA
Las incautaciones realizadas no solo buscan combatir la evasión fiscal, sino también proteger la salud pública al evitar la circulación de productos no regulados y potencialmente dañinos. Además, la DGA continúa trabajando para atraer inversión extranjera y fortalecer el cumplimiento legal en el país.
La destrucción de estos cigarrillos representa un claro ejemplo de la determinación del gobierno para enfrentar el contrabando, proteger a los consumidores y generar un ambiente de confianza para los inversores que operan dentro del marco legal del país.
