Desde el pasado miércoles, el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, situado en el municipio de La Vega, ha realizado un cambio en su personal de seguridad. En lugar de los agentes de la Policía Nacional, quienes anteriormente se encargaban de la vigilancia, ahora son los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) los responsables de garantizar la seguridad y el orden dentro del centro.
Elizabeth Rodríguez, directora del sistema penitenciario de la Defensa Pública, explicó que esta decisión fue tomada por Roberto Santana, director del Sistema Penitenciario y Correccionales, con el objetivo de reemplazar a los miembros de la Policía Nacional con un equipo especializado en el manejo de establecimientos penitenciarios.
Este cambio fue anunciado durante el seminario internacional penitenciario, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el 10 de diciembre.
Mejoras en las condiciones e infraestructura del centro:
Santana también destacó que se llevarán a cabo evaluaciones exhaustivas del centro para implementar medidas inmediatas, mientras se considera la construcción de un nuevo establecimiento. La prioridad es mejorar las condiciones en las que se encuentran los adolescentes privados de libertad en La Vega, dado que el centro enfrenta serias deficiencias en su infraestructura. Se busca crear un entorno más adecuado para la rehabilitación de los internos.
“Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de los adolescentes en este centro, que presenta múltiples desafíos estructurales, hasta que se encuentren soluciones a largo plazo”, aseguró Santana.
Una de las propuestas clave es transformar el centro en un espacio educativo, de manera que los adolescentes puedan continuar con su formación académica mientras cumplen sus condenas.
Investigación sobre denuncias de abusos en otros centros:
Con respecto a las denuncias de abusos en otros centros de reclusión, Santana aseguró que se tomarán medidas para evitar la repetición de estos casos. En el Centro de Menores de Santiago, por ejemplo, se retiró a un agente de la Policía Nacional que había sido señalado por los internos como uno de los agresores principales.
Además, una comisión del Defensor del Pueblo, liderada por Ana Martich, visitó el centro de menores de Santiago tras recibir denuncias de maltrato físico por parte de agentes penitenciarios. Algunos adolescentes también denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales por un compañero con problemas psiquiátricos, quien está siendo tratado por profesionales.
Durante su visita, los adolescentes identificaron a varios agentes como responsables de los abusos, lo que dio lugar a un compromiso de las autoridades para investigar a fondo y dar seguimiento a estas denuncias.
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