Este martes, el exministro de Educación Roberto Fulcar Encarnación (2020-2022) presentó una demanda contra Ángel Martínez, conductor del canal de YouTube “Detective Ángel”. El exfuncionario lo acusó de difundir de manera reiterada declaraciones falsas y difamatorias, en las que sin pruebas lo vinculaba con el narcotráfico.
El equipo legal de Fulcar, compuesto por Ingrid Hidalgo Martínez y Edwin Acosta, sostiene que las acusaciones de Martínez dañaron gravemente la reputación del exministro.
Una campaña de difamación
Fulcar asegura que desde diciembre de 2022, Ángel Martínez ha llevado a cabo una campaña para desacreditar su nombre. Según la querella, Martínez lo acusó sin evidencia de recibir grandes sumas de dinero del narcotráfico, de estar involucrado con agencias federales estadounidenses y de traicionar a figuras políticas dominicanas, incluyendo al presidente Luis Abinader, el ministro José Ignacio Paliza y el senador Eduardo Estrella.
Una de las transmisiones más polémicas ocurrió el 17 de diciembre de 2022, en la que Martínez señaló que Fulcar habría recibido 150 millones de dólares del narcotráfico y que incluso habría colaborado con la DEA en investigaciones. Además, alegó que Fulcar presenció entregas de sobornos por parte de personas detenidas en EE.UU.
Impacto en la imagen pública
Fulcar calificó las afirmaciones de Martínez como “absolutamente falsas” y subrayó que estas declaraciones afectaron su honor, integridad y dignidad. La querella está acompañada de evidencia que demuestra cómo estas acusaciones causaron un daño significativo a su imagen pública y su vida profesional, además de testimonios que respaldan que su viaje a EE. UU. fue por motivos estrictamente médicos.
Acción judicial y solicitud de medidas
Como parte de su acción judicial, Fulcar ha solicitado la apertura formal de un proceso penal contra Ángel Martínez por difamación e injuria. También ha pedido la aplicación de medidas de coerción para evitar que continúe con la propagación de tales acusaciones infundadas.
Fulcar expresó su compromiso con la verdad y la justicia, asegurando que este caso debería servir de precedente en la lucha contra el uso irresponsable de las plataformas digitales para difundir falsedades con fines de destrucción de la imagen y reputación personal o política.
