El juez Reymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio este lunes al proceso preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y numerosos heridos.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó su acusación, señalando que los imputados actuaron con “negligencia e imprudencia” en la construcción y mantenimiento del establecimiento, específicamente en la zona del techo. Según la fiscalía, el techo sufrió un deterioro progresivo debido a que no se realizaron las evaluaciones técnicas necesarias, a pesar de las intervenciones informales que se realizaron durante años, incluyendo la instalación de equipos pesados sin estudios estructurales previos.
Las autoridades también mostraron imágenes satelitales como evidencia, que reflejan el aumento del peso sobre la estructura del techo desde 2011 hasta 2025, pasando de siete a al menos 17 elementos instalados. Estos incluyeron unidades de aire acondicionado, tinacos, ductos y casetas técnicas, que fueron colocados sin supervisión técnica ni evaluación de la capacidad de carga del techo.
El Ministerio Público agregó que estos trabajos fueron realizados por empleados del establecimiento bajo la dirección del encargado de mantenimiento, Manuel Jiménez Mateo, sin la debida supervisión profesional. Además, se mencionó que los daños visibles en el techo, como filtraciones de agua y desprendimiento de materiales, se atendieron de manera improvisada y temporal, sin tomar medidas definitivas para resolver los problemas estructurales.
Particularmente en 2024, el local presentó filtraciones severas y desprendimientos en el techo, que fueron manejados de manera improvisada, utilizando lonas para cubrir las filtraciones, lo que aumentó el riesgo de colapso.
La acusación sostiene que la falta de intervenciones adecuadas por parte de los imputados contribuyó directamente a la tragedia, y que, si se hubieran realizado las evaluaciones técnicas adecuadas, se habría podido evitar el colapso ocurrido el 8 de abril del año pasado.
El proceso sigue en su fase preliminar, y el tribunal deberá decidir si hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio.
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