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Santo Domingo, R.D. – En una audiencia realizada este jueves, el abogado Carlos Balcácer admitió que su cliente, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, pagó sobornos a funcionarios del Estado para obtener y mantener contratos millonarios de seguridad privada con diversas entidades públicas, como las distribuidoras eléctricas (EDEs), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
Rodríguez, propietario de la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase), pagó entre un 5% y un 10% del valor total de la facturación mensual de sus contratos para asegurar el pago de facturas, eliminar obstáculos administrativos y garantizar la continuidad de sus contratos con el Gobierno. Este reconocimiento se produjo durante la medida de coerción contra Rodríguez y otros implicados en el caso.
“Es una realidad lo que plantea el Ministerio Público”, afirmó Balcácer, refiriéndose a las acusaciones de cohecho formuladas contra su cliente. El abogado también indicó que su cliente, quien ha sido acusado de una red de corrupción, ha sido el principal afectado por el caso, no el Estado.
La Defensa de Rodríguez: “La Víctima es el Empresario”
Balcácer sostuvo que, en su opinión, el mayor perjudicado en este caso no ha sido el Estado, sino su cliente, Quilvio Rodríguez. “Aquí no se ha perdido un peso del pueblo dominicano. Lo que se ha perdido es la confianza en la administración pública de ciertos funcionarios. La gran víctima aquí es Quilvio Rodríguez”, argumentó.
A pesar de la defensa, el Ministerio Público ha calculado que Rodríguez habría pagado más de 108 millones de pesos en sobornos durante varios años para conseguir y mantener los contratos de su empresa con el sector público. Las acusaciones se extienden a diversas entidades estatales clave, incluyendo las EDEs y Senasa, que administran servicios esenciales en el país.
Implicados en el Caso:
Junto a Quilvio Rodríguez, también están involucrados otros diez individuos en la solicitud de medidas de coerción. Entre ellos se encuentran:
- Carlos Ambrosio Robles Díaz – Mayor general retirado del Ejército y exdirector de seguridad de Edesur.
- Andrés Pacheco Varela (FARD) – Jefe de seguridad de Edenorte.
- Luis Ernesto Vicioso Bocio – Jefe de seguridad de Edeeste.
- Francisco Guarín Fernández
- Elías Caamaño Pérez
- Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar – Coronel de la Fuerza Aérea.
- Wellington Peralta Santos – Primer teniente del Ejército.
- Ramón Quezada Ortiz – Coronel de la Policía Nacional.
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal – Civil vinculado al esquema.
Audiencia Aplazada:
La audiencia para conocer las medidas de coerción contra los implicados fue aplazada hasta el próximo lunes, luego de que los abogados defensores solicitaran más tiempo para revisar el expediente, que contiene 462 páginas. La procuradora titular de la Procuraduría Especializada contra la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mira Ortiz, confirmó el aplazamiento y anunció que se informará sobre cualquier posible acuerdo con los acusados en su momento.
Repercusiones y Expectativa Pública
El caso ha atraído una considerable atención pública debido a la participación de altos oficiales militares y la implicación de contratos con entidades clave del Estado. La corrupción en el ámbito de la seguridad y los contratos públicos sigue siendo un tema de gran relevancia en la sociedad dominicana, y este caso podría tener implicaciones de gran alcance para los responsables de los actos ilícitos.
Este escándalo pone de manifiesto las vulnerabilidades dentro del sistema administrativo del país, especialmente en lo que respecta a la adjudicación de contratos públicos y la posible existencia de redes de corrupción que han permanecido operando durante años.
