A casi tres meses del trágico fallecimiento de la niña Stephora Annie-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar, los abogados que representan a la familia de la menor han denunciado este martes una serie de irregularidades, demoras y omisiones en el proceso investigativo que lleva a cabo el Ministerio Público, así como otros organismos del Estado.
Stephora perdió la vida el 14 de noviembre mientras participaba en una actividad organizada por el Instituto Da Vinci en la hacienda Los Caballos, ubicada en el distrito municipal Gurabo, provincia Santiago. Desde ese momento, la defensa de la familia ha señalado que el caso avanza con lentitud y carece de respuestas claras para los afectados.
El abogado Miguel Valdemar Díaz destacó que, desde el primer día, solicitaron de manera formal la imposición de medidas de coerción tanto personales como reales contra aquellos que, según ellos, debieron ser incluidos en la investigación, pero que no fueron considerados por la fiscalía.
“Pedimos la implementación de medidas contra los representantes directos del colegio, incluyendo al presidente de la asociación Leonardo Da Vinci, el director Freddy Núñez, y los responsables de la hacienda Los Caballos. Sin embargo, el expediente ha sido trasladado de un tribunal a otro sin que se tome una decisión”, declaró Díaz. El abogado agregó que la solicitud fue presentada primero ante la jueza de Atención Permanente, luego ante el juez coordinador de la Instrucción, y finalmente ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago, un tribunal que, según afirmó, se especializa en casos de violencia de género y delitos sexuales, lo que podría implicar una nueva devolución del expediente.
Además, los abogados denunciaron la falta de respuesta por parte del Ministerio Público ante varias diligencias solicitadas desde el inicio, tales como los interrogatorios a los niños presentes en la excursión, levantamientos técnicos, análisis de las cámaras de seguridad y la entrega total de los videos del lugar.
“El 23 de enero notificamos formalmente al Ministerio Público para que respondiera a nuestras solicitudes, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta ni avance en el proceso”, afirmó Díaz, quien también expresó su preocupación por la posible pérdida de evidencia, como las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Posible Reapertura de la Hacienda
Otro de los puntos críticos denunciados por la defensa es que, a pesar de que la hacienda fue clausurada tras descubrirse que no cumplía con los requisitos para recibir a menores, los letreros de incautación fueron retirados y el establecimiento parece estar operando nuevamente.
Por su parte, el abogado Chesnel Calcaño calificó el manejo del caso como una muestra de inercia institucional tanto por parte del Ministerio Público como del sistema judicial, subrayando el impacto humano de un proceso que aún no llega a su fin.
“Este 14 de febrero, mientras muchos celebran el Día del Amor y la Amistad, una madre estará recordando tres meses del fallecimiento de su hija sin obtener una sola respuesta sobre su caso”, expresó Calcaño.
Falta de Avances en la Investigación
El abogado cuestionó la falta de progreso en la investigación a pesar de la sensibilidad del caso, y exigió que se informara sobre avances concretos: “Nos preguntamos qué ha pasado con el caso de Stephora, ¿por qué no se han realizado todas las diligencias investigativas necesarias?”, dijo.
Asimismo, Calcaño comentó que han solicitado medidas de coerción contra la persona que dirige la ONG asociada al Instituto Da Vinci, basándose en precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional que reconocen este derecho a las víctimas y querellantes, sin que el tribunal haya emitido ninguna decisión hasta el momento.
Además, denunció la falta de fiscalización por parte del Ministerio de Educación (Minerd), el cual, según afirmó, no ha aclarado si el centro educativo cumplía con los permisos y supervisiones necesarios para llevar a cabo actividades de este tipo.
“Hay una distinción entre responsabilidad penal y civil, y las labores administrativas de supervisión del Ministerio de Educación. En este caso, existen normas pero muy poca supervisión”, advirtió.
La Larga Espera
Los abogados indicaron que en el lugar del accidente estaban presentes al menos dos maestras, una encargada administrativa y otra persona que inicialmente fue identificada como directora, pero que luego se determinó que no ocupaba tal cargo. Mientras tanto, el Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para decidir si acusa, archiva el caso o adopta otro criterio procesal.
Finalmente, la defensa aseguró que continuará tomando acciones legales con el fin de establecer responsabilidades y evitar que el caso caiga en el olvido. “Lo que ocurrió con Stephora no debe repetirse en ningún colegio, ya sea público o privado. Nuestra responsabilidad es exigir justicia y obtener respuestas para esta familia”, concluyó Calcaño.
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