Santo Domingo, 24 de julio de 2025 – El proyecto de reforma al Código Penal de la República Dominicana sigue siendo el centro de intensos debates, con puntos de fricción entre legisladores y la Procuraduría General de la República. En una reciente reunión, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y un grupo de fiscales presentaron al Congreso Nacional un total de 124 observaciones al proyecto, que incluyen propuestas clave sobre derechos ciudadanos y abusos policiales.
Revisión de vehículos sin causa probable
Uno de los artículos que más controversia ha generado es el artículo 293, que originalmente contemplaba hasta un año de prisión para los agentes policiales que realizaran revisiones de vehículos sin causa probable o sin el consentimiento de los ciudadanos. Aunque la mayoría de las observaciones de la Procuraduría fueron aceptadas por los legisladores, este punto en particular suscitó resistencia en algunos diputados que ven la propuesta como un riesgo para la protección de derechos civiles y una forma de controlar abusos policiales.
Derecho a grabar arrestos: ¿protección o riesgo para la operatividad policial?
Otro artículo clave en disputa es el artículo 292, que ha sido modificado a solicitud de la Procuraduría. La nueva redacción establece que agentes policiales o militares que impidan a terceros grabar arrestos serán sancionados con prisión menor de 15 días a un año, además de una multa de hasta dos veces el salario del agente al momento de la infracción.
Si bien la reforma busca garantizar el derecho de la ciudadanía a documentar abusos y asegurar la transparencia de las actuaciones policiales, algunos sectores temen que esta medida pueda dificultar la operatividad policial y generar complicaciones en la ejecución de sus funciones.
El derecho a la llamada y otros puntos clave
Otro tema debatido fue el artículo 921, que garantiza a los detenidos el derecho a realizar una llamada telefónica. Sin embargo, la Procuraduría solicitó que se incluyera una excepción para aquellos casos en los que circunstancias de fuerza mayor impidan que el agente de policía facilite la comunicación, evitando su penalización directa. Esta solicitud también fue debatida, generando más tensión entre los legisladores y los representantes del Ministerio Público.
La postura de los legisladores
Los diputados como Eugenio Cedeño y Carlos de Pérez, ambos abogados, se han manifestado en contra de algunas de las propuestas, especialmente las que permitirían la revisión de vehículos sin orden judicial ni consentimiento. Los legisladores consideran que estas medidas podrían abrir la puerta a abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
“Nuestra Policía sigue siendo trujillista y abusadora; no podemos aprobar un Código Penal que permita más atropellos”, dijeron Cedeño y de Pérez, destacando la necesidad de fortalecer las garantías ciudadanas en la reforma.
Próximos pasos y posibles votaciones
Tras la reunión con la Procuraduría, el proyecto de reforma al Código Penal fue aplazado para su debate el viernes, con la posibilidad de ser votado entre el viernes y sábado de esta semana. Se espera que la Cámara de Diputados conozca las observaciones de la Procuraduría, y si las modificaciones son aprobadas, el proyecto regresará al Senado para su validación final, antes de ser enviado al presidente Luis Abinader para su promulgación.
Conclusiones y desafíos pendientes
El debate sobre la reforma al Código Penal dominicano continúa siendo un tema de alta tensión. Las discusiones entre los congresistas y la Procuraduría han dejado claro que el equilibrio entre el derecho a la seguridad pública y la protección de los derechos civiles sigue siendo una prioridad para muchos sectores de la sociedad dominicana.
El futuro del Código Penal dependerá de cómo se resuelvan estas fricciones, y si los legisladores logran encontrar un punto medio entre la protección de las libertades y la necesidad de control sobre las fuerzas de seguridad.
