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El Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó al presidente Yoon Suk Yeol, poniendo fin a meses de incertidumbre y batallas legales tras su breve declaración de ley marcial en diciembre, que sumió al país en una profunda agitación política.
La decisión del tribunal el viernes formalizó la destitución de Yoon, tras una votación en el Parlamento en diciembre que también había aprobado su remoción. Muchos legisladores recibieron con alivio la resolución, temiendo que Yoon pudiera intentar imponer nuevamente la ley marcial si su destitución fuera anulada.
En un juicio separado, Yoon fue arrestado en enero bajo cargos de liderar una insurrección, pero fue liberado en marzo luego de que un tribunal anulara su orden de arresto, aunque los cargos no fueron retirados. Los ocho jueces del Tribunal Constitucional votaron unánimemente a favor de mantener la destitución. La decisión fue recibida con festejos por parte de sus opositores y protestas de sus seguidores.
El caso ha sido sumamente divisivo, con grandes manifestaciones en las calles a favor y en contra de la destitución. La policía desplegó un fuerte operativo de seguridad en la capital antes del veredicto, con barreras y puntos de control establecidos, mientras advertía contra posibles brotes de violencia.
Este evento representa una caída dramática para el exfiscal convertido en político, quien alcanzó notoriedad por su papel en la destitución y encarcelamiento de otro presidente años atrás, solo para enfrentar ahora el mismo destino.
¿Qué sigue ahora?
La crisis política en Corea del Sur ha dejado al país, un importante aliado global de Estados Unidos y una de las principales economías del mundo, sin una dirección clara en un momento crucial para los asuntos internacionales, especialmente con la agenda “América Primero” del presidente de EE.UU., Donald Trump, alterando décadas de políticas exteriores y desmantelando el sistema comercial global.
De acuerdo con la ley surcoreana, debe celebrarse una elección presidencial dentro de los 60 días posteriores a la destitución de Yoon.
Un posible candidato para el cargo es Lee Jae-myung, líder de la oposición, quien es un exabogado y legislador que perdió por poco ante Yoon en las elecciones presidenciales de 2022.
Mientras tanto, Yoon sigue enfrentando otros procedimientos legales, incluidos los cargos por insurrección. Este es uno de los pocos delitos de los que un presidente no tiene inmunidad, y puede ser castigado con cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a nadie en décadas.
La acusación sostiene que la imposición de la ley marcial por parte de Yoon, en la que envió tropas al Parlamento, con comandantes que testificaron que se les ordenó “arrastrar” a los legisladores, fue un intento ilegal de disolver la Asamblea Nacional y arrestar a políticos y autoridades electorales.
Yoon defendió su decreto, argumentando que fue una respuesta al estancamiento político y a las “fuerzas antiestatales” simpatizantes de Corea del Norte. Aseguró que su intención era simplemente emitir una advertencia temporal a la oposición liberal y que siempre respetaría la decisión de los legisladores si votaban para levantar la medida.
Al final, el decreto solo estuvo vigente durante seis horas. Yoon lo revocó tras la intervención del Parlamento, que forzó su entrada y votó unánimemente para bloquearlo, lo que dio inicio a cuatro meses de agitación política. Durante ese tiempo, el Parlamento también votó para destituir al primer ministro y al presidente en funciones.