El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó prisión domiciliaria como medida cautelar para varios de los implicados en una presunta red de sobornos dentro del sector público. Los acusados habrían defraudado al Estado dominicano por un monto superior a los 100 millones de pesos.
Razones detrás de la decisión
La decisión se basó en la evaluación de que los acusados no representan un riesgo de fuga. Los involucrados en esta red de corrupción incluyen tanto a militares como a civiles, entre ellos el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez. Estos imputados no cooperaron con las investigaciones del Ministerio Público, por lo que se les impuso un impedimento de salida del país.
Implicados que accedieron al arresto domiciliario
Por otro lado, aquellos que reconocieron su participación en los hechos fueron beneficiados con la medida de arresto domiciliario. Entre estos se encuentran:
Coronel Andrés Pacheco Varela
Ramón Quezada Ortiz
Quilvio Rodríguez, propietario de Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase)
Teniente Wellington Peralta Santos
Bolívar Nicolás Fernández Espinal, gerente de seguridad de Edenorte
Caso declarado como complejo
El juez también acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró el caso como complejo, lo que permitirá ampliar los plazos para la investigación y el eventual juicio. Esta medida facilitará que se continúen con las indagatorias necesarias para esclarecer todos los detalles de esta presunta trama de corrupción.
