
El Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal ha aprobado un permiso laboral al exfuncionario Donni Mayobanex Santana Cuevas, quien fue condenado a 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad.
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La autorización, firmada el pasado 6 de junio por el magistrado José Manuel Arias, permite a Santana salir temporalmente del Centro de Privación de Libertad de Azua (CPL Km. 15) con el fin de impartir clases en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
Condiciones impuestas por el tribunal
La resolución establece diversas restricciones para la ejecución del permiso. Santana deberá cumplir arresto domiciliario durante fines de semana y días feriados. Además, tendrá que reportarse semanalmente al tribunal e ir personalmente una vez al mes para firmar un libro de control.
También se le ha prohibido comunicarse públicamente sobre el caso a través de redes sociales y debe evitar cualquier tipo de contacto con la parte querellante y sus familiares.
El tribunal fue claro en advertir que cualquier violación a estas condiciones resultará en la revocación inmediata del permiso y la emisión de una orden de arresto.
Una segunda oportunidad
El juez exhortó a Santana a usar esta oportunidad para contribuir positivamente a la sociedad. Aunque se espera que cumpla la totalidad de su condena en junio de 2038, el reo podría optar por la libertad condicional a partir del año 2028.
Durante la audiencia, la defensa de Santana, compuesta por los abogados Moisés Medina, Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña, alegó que su cliente cumple con los requisitos para el beneficio otorgado.
Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la parte acusadora —representada por el abogado Junior Alcántara de Relevic— se opusieron firmemente a la decisión judicial.
Donni Santana fue sentenciado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 12 de noviembre de 2019, y la sentencia fue ratificada por la Corte de Apelación el 14 de diciembre de 2020. Su destitución como director del Consejo Nacional de Frontera ocurrió en mayo de 2020, tras la acusación del Ministerio Público, que señala que los abusos comenzaron cuando la víctima tenía solo 11 años.











