Washington, D.C. — La Casa Blanca defendió este lunes la decisión de expulsar del país a tres niños menores de siete años —todos nacidos en Estados Unidos y, por tanto, ciudadanos— que fueron enviados junto a sus madres indocumentadas a sus países de origen.
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Durante una conferencia de prensa, Tom Homan, asesor en materia de seguridad fronteriza, afirmó que las madres optaron voluntariamente por llevarse a sus hijos en el proceso de deportación. “El Gobierno no deporta ciudadanos estadounidenses. Fueron las madres quienes decidieron que sus hijos se fueran con ellas. Si los hubiéramos separado, también estarían criticándonos por eso”, explicó.
Homan agregó que quienes deciden tener hijos en EE.UU. mientras se encuentran en situación migratoria irregular deben asumir las consecuencias. “Si eliges quedarte en este país sin documentos y tener un hijo aquí, estás tomando una decisión con implicaciones para toda tu familia”, expresó.
Críticas por falta de acceso a defensa legal
La decisión ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones de derechos civiles, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con sede en Nueva Orleans, habría impedido el acceso a abogados y mantenido incomunicadas a las familias.
Según la ACLU, ambas madres habrían tenido opciones legales para regularizar su situación, pero no pudieron presentar sus casos debido a la falta de asesoría jurídica oportuna. Activistas han solicitado que se les permita regresar al país para acceder al debido proceso judicial.
Debate sobre ciudadanía por nacimiento
La situación ha reactivado el debate sobre la ciudadanía automática que otorga la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza ese derecho a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Este principio, que ha sido defendido durante décadas como pilar del derecho constitucional, ha sido cuestionado por sectores conservadores, especialmente durante el gobierno del expresidente Donald Trump, quien sugirió que podría revocarse mediante una orden ejecutiva.
