El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado el envío de minas antipersonales a Ucrania, una decisión que podría tener un impacto significativo en la lucha contra las tropas rusas en el este del país, pero que también ha generado controversia internacional. La medida, que responde a una escalada de la ofensiva rusa en la región de Donetsk, busca frenar el avance de las fuerzas enemigas, especialmente aquellas que operan sobre el terreno sin el apoyo de vehículos blindados, según el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin.
Las minas antipersonales enviadas no son "persistentes", lo que significa que se desactivan automáticamente después de un período de tiempo, reduciendo así los riesgos para la población civil. Estados Unidos ha enfatizado que Ucrania no las utilizará en áreas densamente pobladas, y su empleo se limitaría a su propio territorio, específicamente en las zonas más afectadas por el avance ruso.
Sin embargo, esta decisión ha generado fuertes críticas de grupos defensores de los derechos humanos, que han señalado que, incluso las minas no persistentes, pueden representar un peligro significativo para civiles. Según un informe reciente, el número de víctimas causadas por minas antipersonales ha aumentado drásticamente en 2023, con casi 6,000 personas afectadas globalmente, de las cuales una gran mayoría fueron civiles.
La Casa Blanca, aunque enfrentando presiones internas de activistas y organizaciones de control de armas, considera que las minas son una herramienta clave para frenar los avances rusos en el terreno y proteger las líneas defensivas ucranianas. Esta medida se suma a otros suministros militares, como los misiles ATACMS de largo alcance, autorizados anteriormente, para enfrentar la agresión rusa.
No obstante, el uso de minas antipersonales es un tema polémico, ya que más de 160 países han firmado un tratado internacional, la Convención de Ottawa, que prohíbe su uso debido a los devastadores efectos que pueden tener sobre las poblaciones civiles. Ni Estados Unidos ni Rusia son signatarios del tratado, pero Ucrania sí lo es, lo que ha aumentado la preocupación internacional sobre el impacto humanitario de esta decisión.
La administración Biden ha intentado justificar la medida como una respuesta a la "realidad del terreno", dada la intensificación de los ataques rusos, pero la comunidad internacional sigue de cerca los efectos que tendrá en el futuro. Además, la promesa de apoyar los esfuerzos de desminado una vez que concluya el conflicto en Ucrania no ha logrado calmar completamente las críticas.
La situación pone de relieve las tensiones entre las necesidades inmediatas de seguridad en el frente de batalla y las consideraciones humanitarias a largo plazo, lo que abre un nuevo capítulo en la compleja guerra de Ucrania.
