Los agentes penitenciarios del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca, en la provincia Espaillat, que estaban de turno el sábado 4 de enero, fueron suspendidos tras la intoxicación de un recluso por el uso de sustancias prohibidas.
Así lo confirmó un comunicado de prensa de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), que también informó que el recluso, Edward de Jesús Cruz García, falleció este viernes 8 de enero. Cruz García había estado ingresado en el Hospital Toribio Bencosme de Moca desde el día del incidente, el cual está siendo investigado por las autoridades.
El recluso estaba en estado crítico debido a un cuadro clínico relacionado con broncoaspiración por sustancias prohibidas, lo que derivó en una neumonía. Según el acta de levantamiento del cadáver 672763, la causa de su fallecimiento fue un paro respiratorio.
Fuentes extraoficiales indican que el recluso se intoxicó durante una supuesta competencia de consumo de drogas dentro de la prisión.
Roberto Hernández Basilio, director general de la DGSPC, expresó su pesar por la muerte de Cruz García y afirmó que la institución trabaja para garantizar la salud de los internos. "Tan pronto nos percatamos del estado de salud de este privado de libertad, se le brindaron las atenciones médicas correspondientes, pero su organismo no respondió", explicó Hernández Basilio. Además, recordó que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y establecer responsabilidades.
En relación con la investigación, los servicios de inteligencia de la DGSPC, junto con el Ministerio Público, realizaron varias requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca para recolectar pruebas y testimonios sobre el hecho.
Edward de Jesús Cruz García, de 32 años, se encontraba en prisión preventiva desde octubre del año pasado, acusado de robo.
La DGSPC también informó que se espera la autopsia correspondiente, que será realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), conforme a lo establecido por la Ley 136-80, la cual requiere la práctica de una autopsia judicial en todos los casos de muerte de personas bajo custodia.
