El Ministerio de Hacienda de la República Dominicana aclaró este miércoles las razones por las que aún no se ha realizado el pago de RD$85 millones a Eladia María Mercedes de Ozuna, de 92 años, y su familia, como resultado de una sentencia judicial que favoreció a los propietarios originales de los terrenos donde se construyó el Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA) en la década de 1950.
Mercedes de Ozuna falleció el 14 de enero, pero sus hijos han heredado el derecho al pago, que ha estado pendiente desde que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dictó la sentencia a su favor en 2021.
El Ministerio de Hacienda explicó que el retraso se debe a que los representantes de la familia Ozuna Mercedes no entregaron toda la documentación necesaria antes del 1 de agosto de 2024, fecha límite establecida por la resolución 198-18 del Ministerio de Hacienda, que regula las solicitudes para la inclusión de sentencias judiciales en el Presupuesto General del Estado.
“La documentación requerida fue entregada el 29 de agosto de 2024, fuera del plazo establecido. Por esta razón, no fue posible completar los trámites necesarios para su inclusión en el presupuesto del ejercicio de 2025”, indicó Hacienda en un comunicado oficial.
Recordó que la Ley 86-11, sobre Fondos Públicos, establece que las sentencias condenatorias contra el Estado deben ser pagadas con cargo a la partida presupuestaria de la entidad pública afectada. Sin embargo, cuando no hay fondos suficientes en el presupuesto vigente, Hacienda debe prever su inclusión en el presupuesto del año siguiente.
Compromiso de pago para 2026
A pesar de los retrasos, el Ministerio aseguró que está en contacto con los representantes legales de la familia para completar los trámites necesarios y garantizar el pago dentro del presupuesto de 2026. En una carta enviada a finales de 2024 por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, al abogado Ángel Lockward, se confirmó que los procesos legales y administrativos están correctamente gestionados, aunque el pago no podrá realizarse hasta el próximo ciclo presupuestario.
En 2021, el TSA dictó la sentencia 0030-02-2020-SSEN-00384, que ordena al Estado pagar RD$7,625 por metro cuadrado de los terrenos expropiados. Sin embargo, han transcurrido más de tres años sin que se haya cumplido con la sentencia.
Mercedes de Ozuna, quien vivía en condiciones de extrema pobreza en La Caleta, Boca Chica, sufrió grandes dificultades después de la pérdida de sus tierras. Invidente, postrada en silla de ruedas y afectada por diabetes e hipertensión, su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia en el país.
Fase de procesamiento de pago
“Una vez completados los trámites correspondientes y agotada la fase de apropiación o inclusión presupuestaria, y tras la aprobación y entrada en vigor del presupuesto general, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con los acreedores o sus representantes legales y las instituciones del Gobierno central o autónomas condenadas, inicia la fase de procesamiento de pago”, explicó la entidad.
En esta fase, Hacienda señala que se formularán a los interesados los requisitos necesarios para elaborar el libramiento correspondiente, el cual debe ser aprobado por la Contraloría General de la República. Estos requisitos de información o documentación varían según el tipo de obligación que dio origen a la sentencia, como expropiaciones de bienes, servicios, adquisiciones, obras de construcción, prestaciones laborales, entre otros.
“Esto implica la presentación y validación de información de carácter personal o institucional, dependiendo si el beneficiario es una persona física o una entidad jurídica”, agregó Hacienda en su comunicado.
