La orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump para negar la ciudadanía estadounidense a los hijos nacidos en el país de padres sin documentos enfrentó el jueves su primer desafío legal importante. Durante una audiencia en un tribunal de Seattle, el juez federal John C. Coughenour cuestionó fuertemente la constitucionalidad de la medida, calificándola de "abiertamente inconstitucional", y bloqueó temporalmente su implementación mientras continúan los litigios.
La ciudadanía por derecho de nacimiento, establecida en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, garantiza que cualquier persona nacida en el país sea ciudadana estadounidense. Esta disposición fue ratificada en 1868 para asegurar la ciudadanía de los antiguos esclavos tras la Guerra Civil. Sin embargo, algunos detractores de la inmigración sin restricciones han sostenido que este principio fomenta la inmigración ilegal, ya que los inmigrantes indocumentados pueden tener hijos en EE. UU. que se convierten en ciudadanos, lo que podría facilitar que sus padres obtengan estatus legal.
En respuesta a esta preocupación, Trump emitió la orden ejecutiva a pocos días de asumir su segundo mandato, lo que desencadenó numerosas demandas legales en contra. Estados como Washington, Arizona, Oregón e Illinois fueron los primeros en presentar sus recursos.
El fallo de este jueves es una restricción temporal que impide al gobierno federal implementar la orden de Trump a nivel nacional durante los próximos 14 días. En este tiempo, las partes involucradas en el caso presentarán más argumentos legales. El juez Coughenour ha convocado una nueva audiencia para el 6 de febrero, donde se discutirán los próximos pasos, incluida la posible emisión de una orden preliminar para bloquear la medida a largo plazo.
Mientras tanto, otros desafíos legales también están en marcha, como el caso en Maryland que será escuchado el 5 de febrero, y demandas en Nueva Jersey y Massachusetts que aún no tienen fechas programadas.
¿Por qué bloqueó el juez la orden de Trump?
Coughenour no detalló su razonamiento durante la audiencia, pero su firme afirmación de que la orden es "abiertamente inconstitucional" y sus preguntas directas al abogado del Departamento de Justicia sugieren que apoyaba los argumentos de los estados demandantes. Los estados defienden que la 14ª Enmienda garantiza claramente la ciudadanía por nacimiento y que el presidente no tiene autoridad para cambiar este principio por medio de una orden ejecutiva.
"Llevo más de cuatro décadas en los tribunales. No puedo recordar otro caso donde la cuestión planteada fuese tan clara como este", señaló Coughenour al abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate.
El juez John Coughenour, de 84 años, ha sido una figura prominente en el sistema judicial de EE. UU. desde su nombramiento en 1981 por el presidente Ronald Reagan. A lo largo de su carrera, ha tenido la reputación de ser un jurista independiente y contundente, y aunque ahora está semiretirado, sigue presidiendo casos importantes. En este caso, su reacción ante la orden ejecutiva de Trump refleja su perspectiva sobre la constitucionalidad de la medida.
Coughenour ha sido conocido por su imparcialidad y su enfoque meticuloso en casos complejos, incluyendo algunos de alto perfil como el del terrorista del milenio, Ahmed Ressam.
