El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió el decreto 43-25, con el cual autoriza la extradición de Erick Jason Victoria Brito, ciudadano dominicano requerido por las autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con fraude bancario, lavado de activos, uso ilícito de información personal y hurto mayor.
La solicitud de extradición fue presentada por la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana mediante una nota diplomática fechada el 26 de septiembre de 2024. Según dicho documento, las acusaciones contra Victoria Brito están fundamentadas en dos casos judiciales abiertos en EE.UU.:
- Caso 1 (22-CRIM 648): presentado en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en diciembre de 2022.
- Cargos: asociación delictuosa para cometer fraude bancario y lavado de activos, violando diversas disposiciones del Código de los Estados Unidos.
- Caso 2 (21-011208CF10A): presentado en el Tribunal de Circuito del Decimoséptimo Circuito Judicial del condado de Broward, Florida, en diciembre de 2021.
- Cargos: uso ilícito de información personal y hurto mayor, de acuerdo con las leyes de Florida.
Ambos casos implican delitos graves bajo las normativas de Estados Unidos y República Dominicana, lo que justifica la solicitud de extradición conforme al tratado bilateral de extradición entre ambos países.
Decisión de la Suprema Corte de Justicia
El 8 de noviembre de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia realizó una audiencia pública para evaluar la solicitud. Durante esta audiencia, Erick Jason Victoria Brito aceptó de manera voluntaria someterse al procedimiento de extradición simplificada, lo que aceleró el proceso.
La aceptación voluntaria elimina la necesidad de un procedimiento judicial extenso, permitiendo su entrega inmediata a las autoridades estadounidenses para enfrentar los cargos que se le imputan.
Condiciones de la extradición
El decreto emitido por el presidente Abinader establece ciertas condiciones para la extradición de Victoria Brito:
- Podrá ser juzgado únicamente por los delitos mencionados en la solicitud de extradición.
- No podrá enfrentarse a la pena de muerte ni a penas que excedan las máximas contempladas en el Código Penal dominicano.
- Su proceso judicial deberá garantizar el respeto a los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.
Estas disposiciones están alineadas con el Tratado de Extradición entre la República Dominicana y Estados Unidos, ratificado en 2016, y con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de cooperación judicial.
El decreto también instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración para coordinar los detalles logísticos de la entrega de Victoria Brito a las autoridades estadounidenses.
