El Gobierno de Estados Unidos ha decidido revocar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600,000 venezolanos, medida que había sido aprobada por la administración de Joe Biden. Según informó The New York Times este miércoles, la orden fue emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aunque aún no ha sido publicada oficialmente.
El TPS es un beneficio migratorio que permite a los ciudadanos de países que enfrentan desastres naturales o conflictos armados residir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal. La revocación de la extensión de este programa significa que los venezolanos que estaban amparados por él ya no estarán protegidos de la deportación y perderán los permisos de trabajo otorgados.
La medida representa un golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que confiaban en que la extensión, que se había previsto hasta octubre de 2026, les ofrecería más estabilidad. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anunciado esta extensión el mismo día en que Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato, en medio de acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición venezolana.
El DHS justificó la decisión de extender el TPS argumentando que Venezuela continúa enfrentando una crisis humanitaria grave debido a la situación política y económica bajo el régimen de Maduro.
Originalmente, la extensión del TPS había sido programada hasta el 2 de octubre de 2026, y beneficiaba a los venezolanos que llegaron a EE. UU. antes del 31 de julio de 2023, siempre que hubieran residido en el país de manera continua, salvo aquellos con antecedentes penales graves.
Esta revocación ocurre bajo la administración de Donald Trump, quien asumió la presidencia nuevamente el 20 de enero de 2025. Trump, quien reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, ha mostrado una postura dura contra la inmigración irregular, sin importar la nacionalidad de los migrantes.
Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar protecciones para migrantes de varios países, incluidos Haití, El Salvador y Sudán, aunque algunos de estos intentos fueron bloqueados por tribunales federales.
