La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) anunció el jueves que continúa operando en los territorios palestinos, a pesar de haber cerrado sus oficinas en Jerusalén y de que Israel ha roto todos los lazos con la agencia.
"Seguimos brindando ayuda y servicios a las comunidades que atendemos. Las clínicas de la UNRWA en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, están abiertas, y las operaciones humanitarias en Gaza siguen en marcha", afirmó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
“La UNRWA continuará cumpliendo con su mandato, como ha señalado claramente su director, Philippe Lazzarini, hasta que ya no pueda hacerlo”, agregó.
Sin embargo, Dujarric indicó que no hay empleados presentes en la sede de la agencia en Jerusalén Este, que se encargaban principalmente de tareas administrativas.
Israel rompió oficialmente sus relaciones con la UNRWA el jueves, acusándola de encubrir a combatientes de Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó el conflicto en Gaza.
Después de más de 75 años de brindar apoyo a los refugiados palestinos en Oriente Medio, la UNRWA ya no podrá operar en Israel ni mantener contacto con las autoridades israelíes.
Esta decisión, respaldada por Estados Unidos, amenaza con poner en peligro los servicios esenciales que la agencia brinda, especialmente después de 15 meses de guerra en Gaza.
La medida entró en vigor al día siguiente de que el Tribunal Supremo de Israel rechazara una solicitud para suspender las leyes aprobadas en octubre, que buscan terminar con las actividades de la agencia.
Según el tribunal, las leyes solo se aplican "en el territorio soberano de Israel" y "no prohíben la actividad de la UNRWA en las regiones de Judea-Samaria (Cisjordania ocupada) y la Franja de Gaza".
La ley estipula que las actividades de la agencia deben realizarse sin la participación del Estado de Israel.
En respuesta, el gobierno de Noruega anunció el jueves una ayuda de 24 millones de dólares para la UNRWA, destacando que la situación en Gaza es crítica y la ayuda de la agencia es más necesaria que nunca.
Por su parte, Turquía denunció lo que calificó de "violación flagrante del derecho internacional" por parte de Israel y acusó al país de llevar a cabo políticas de ocupación y anexión dirigidas a expulsar a los palestinos de su tierra.
La UNRWA ha tenido varios enfrentamientos con las autoridades israelíes, que la acusan de poner en riesgo la seguridad del país. La hostilidad aumentó tras el ataque de Hamás en octubre de 2023, con denuncias de que algunos empleados de la UNRWA participaron en el ataque.
La agencia fue fundada en 1949 para asistir a los refugiados palestinos desplazados tras la creación de Israel en 1948. Brinda servicios de salud y educación a casi seis millones de palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y en Líbano, Siria y Jordania.
La situación en Jerusalén Este es especialmente delicada. Por un lado, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, exigió que la UNRWA desocupe todos los edificios que ocupa allí antes del 30 de enero. Sin embargo, la agencia continuará operando en el campo de refugiados de Shuafat, también en Jerusalén Este.
Jerusalén Este ha sido ocupada y anexada por Israel desde 1967, aunque no se le reconoce como territorio israelí.
"Esto es lo que ha hecho Israel desde su existencia, colonizar con la esperanza de hacer irreversibles estas injusticias y hacer que los derechos de los palestinos sean negociables", afirmó Ines Abdel Razek, del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión de Israel y pidió que se revierta, al afirmar que la agencia es "insustituible".
Para el gobierno israelí, la prohibición de la agencia representa una victoria política.
"La UNRWA está llena de miembros de Hamás, no solo los 19 que la agencia investiga, sino también cientos de empleados", afirmó el portavoz gubernamental David Mencer el miércoles.
A finales de enero de 2024, Israel acusó a 12 empleados de la UNRWA de estar involucrados en el ataque del 7 de octubre, lo que desató una crisis dentro de la agencia. Posteriormente, se agregaron otros siete nombres a las acusaciones.
La denuncia provocó que varios donantes suspendieran su financiamiento a la agencia. Una investigación de la ONU realizada en agosto determinó que solo nueve miembros del personal "podrían haber estado implicados".
