El presidente Luis Abinader señaló que debe investigarse "más allá" la licitación pública OCI-CCC-LPN-2024-0003 llevada a cabo por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI), la cual fue cancelada por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta licitación tenía como objetivo el equipamiento de talleres y servicios conexos en centros educativos a nivel nacional, en su segunda etapa.
En el programa La Semanal con la Prensa, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la OCI es una entidad dependiente del Ministerio de Educación. “Es una unidad ejecutora que cuenta con una unidad de compras y un comité de compras, es decir, gestiona el presupuesto para contratar bienes y servicios”, detalló Pimentel.
El funcionario aclaró que el proceso de licitación llevado a cabo por la OCI fue adjudicado, y que la Dirección de Compras y Contrataciones recibió cinco recursos de proveedores que participaron en el proceso, cada uno con diferentes alegaciones. Pimentel indicó que se agotó un proceso en el que la unidad de contrataciones de la OCI debe lanzar un nuevo proceso, ya que todos los actos administrativos fueron anulados por diversas causas y razones. "Si no están de acuerdo con la decisión, una unidad de contratantes o proveedores puede recurrir al Tribunal Superior Administrativo, ese es un derecho que le asiste también", enfatizó.
Las razones detrás de la anulación
A principios de febrero, la Dirección General de Contrataciones Públicas detectó “graves irregularidades” en dicha licitación tras recibir cinco recursos, lo que llevó a su anulación.
El proceso comenzó con un monto de 945 millones de pesos, pero luego fue modificado e incrementado a RD$ 966,748,624.00 millones. Entre las empresas vinculadas se encuentran A Fuego Lento S.R.L., Suplidores Comerciales & Suministros Tecnomas-LM, S.R.L., Arcaservis y Riften Investment, S.R.L.
Según la entidad, se violó el artículo 20 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, así como los principios de eficiencia, economía y flexibilidad, ya que el pliego de condiciones y su enmienda no contenían la información necesaria para la elaboración y evaluación de las ofertas.
Otras irregularidades mencionadas en la resolución RIC-0015-2025 incluyen la habilitación de la propuesta técnica de los adjudicatarios, a pesar de que varios de los bienes presentados no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas. Además, se identificó la violación del debido proceso administrativo por no haber agotado la fase de instrucción de los recursos de impugnación, conforme al artículo 67 de la ley, y una evaluación incorrecta de las credenciales por parte de la adjudicataria en su documentación legal. También se destacó la falta de publicidad de los actos del procedimiento, ya que no se publicaron los documentos correspondientes a la etapa de subsanación de ofertas ni el informe aprobado mediante el acto de aprobación CCC-0042-2024.
