Un juez federal ordenó a la administración del presidente Donald Trump suspender temporalmente la congelación de fondos que había paralizado la ayuda humanitaria y los esfuerzos de desarrollo global de Estados Unidos. Además, estableció un plazo de cinco días para que el gobierno demostrara que está cumpliendo con la orden.
En su fallo emitido la tarde del jueves, el juez destacó el impacto financiero devastador que la interrupción casi inmediata de los pagos ha tenido en proveedores y organizaciones sin fines de lucro que gestionan gran parte de la ayuda de Estados Unidos en el extranjero.
Esta es la primera resolución judicial que desafía el congelamiento de fondos por parte de la administración republicana. La decisión llega en un momento en que diversas demandas, presentadas por empleados del gobierno, organizaciones de ayuda y contratistas, exigen que los tribunales reviertan el rápido desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la asistencia exterior en general.
Tanto Trump como su colaborador Elon Musk han argumentado que USAID, una agencia con más de seis décadas de existencia, y la mayoría de los programas de ayuda exterior, están en desacuerdo con su agenda política.
En su fallo, el juez Amir H. Ali señaló que los funcionarios del gobierno no han explicado por qué suspender completamente la ayuda exterior aprobada por el Congreso —lo que generó un impacto negativo en miles de contratos con organizaciones sin fines de lucro, empresas y otras entidades— fue una medida justificada para revisar los programas.
Contratistas, agricultores y proveedores de todo el mundo afirman que el congelamiento de fondos les ha dejado sin cientos de millones de dólares por trabajos ya realizados, lo que ha llevado a despidos masivos y ha puesto a muchas organizaciones al borde del colapso financiero.
Se ha informado que grandes cantidades de ayuda alimentaria no entregada se están deteriorando en puertos, y otros tipos de asistencia aún no distribuida están en riesgo de ser robados.
El juez ordenó al gobierno que notificara a todas las organizaciones con contratos de ayuda exterior la suspensión temporal, estableciendo como plazo el martes para que la administración demostrara que ha cumplido con la orden.
Hasta ahora, la administración Trump no ha emitido una respuesta pública.
La orden temporal se emitió después de una demanda presentada por la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo de Salud Global, que representan a organizaciones de salud que dependen de los fondos de Estados Unidos para llevar a cabo su labor en el extranjero.
En su fallo, el juez mencionó que el gobierno de Trump argumentó que la suspensión de los miles de programas de USAID era necesaria para realizar una revisión exhaustiva y determinar si debían ser eliminados. Sin embargo, los abogados del gobierno no lograron justificar de manera razonable por qué ignoraron a las numerosas pequeñas y grandes empresas que se han visto obligadas a cancelar programas o cerrar debido a la congelación de fondos, según el juez.
La decisión también prohíbe al secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros funcionarios gubernamentales aplicar órdenes de suspensión de trabajo enviadas a empresas y organizaciones que ejecutan programas de ayuda exterior.
El juez también rechazó el argumento del gobierno de que se podría mitigar el impacto mediante exenciones que permitirían el suministro de fondos a algunos socios de ayuda. Testimonios indicaron que no existe aún un sistema de exenciones, y que el sistema de pagos en línea de USAID ya no está funcionando.
El mismo jueves, un juez en otro caso ordenó que se mantuviera su bloqueo temporal sobre una orden del gobierno de Trump que imponía despidos masivos en USAID, dejando a casi todos sus empleados en el extranjero sin trabajo, salvo un pequeño grupo. El juez federal Carl Nichols cuestionó al gobierno sobre cómo planeaba garantizar la seguridad de los empleados de ayuda en el extranjero, dado el desmantelamiento de la agencia. Tras la falta de una respuesta detallada por parte de un abogado del Departamento de Justicia, el juez le solicitó presentar documentos judiciales adicionales después de la audiencia.
Los empleados de USAID, que recientemente trabajaban en la República Democrática del Congo, presentaron testimonios donde describen cómo la agencia los abandonó durante los disturbios y saqueos políticos en la capital, lo que obligó a los empleados a evacuar por su cuenta con sus familias.
