La inhóspita selva del Darién, ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, ha dejado de ser un corredor migratorio hacia Estados Unidos, según informó este jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino.
El flujo de migrantes a través de esta jungla ha disminuido drásticamente debido al temor a las deportaciones masivas ordenadas por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump. Durante los últimos tres años, la selva del Darién sirvió como ruta para más de un millón de migrantes que intentaban llegar al "sueño americano".
"Cerramos una operación que comenzó en 2016″, cuando la migración en el Darién aumentó significativamente, explicó Mulino en una rueda de prensa. "Hoy, en marzo, solo 112 migrantes han cruzado el Darién, lo que representa una disminución importante", agregó.
Puestos de asistencia y desmantelamiento de campamentos
El gobierno panameño, junto con agencias de la ONU, instaló puestos de asistencia para migrantes en esta selva de 266 km de longitud y 575,000 hectáreas. La mayoría de los migrantes que cruzaban el Darién eran venezolanos, muchos de ellos niños y ancianos.
Debido a la caída en el número de migrantes, Panamá ha comenzado a desmantelar los campamentos de asistencia.
"Ahora viene otro flujo, el que viene del norte, que comienza a subir", señaló Mulino, haciendo referencia a los migrantes que, al temer las deportaciones, han dejado de intentar llegar a Estados Unidos y están regresando desde México y otros países centroamericanos hacia Sudamérica.
Estos migrantes ya no necesitan atravesar la selva para llegar a Colombia, sino que viajan en lanchas a través de pequeños puertos caribeños en Panamá.
Política de cierre de ruta migratoria
"No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién", advirtió Mulino, quien había prometido durante su campaña electoral de 2024 "cerrar" esta ruta migratoria.
Panamá ha aceptado servir como "puente" para migrantes deportados por Estados Unidos, al igual que Guatemala y Costa Rica. En febrero, 299 migrantes, en su mayoría asiáticos, fueron deportados a Panamá. Aquellos que no aceptaron ser repatriados fueron enviados temporalmente a un albergue en la provincia del Darién.
A pesar de las críticas de grupos de derechos humanos, que calificaron el refugio como un "centro de detención", el gobierno panameño permitió que 112 migrantes salieran para gestionar visas en otros países.
El fin de semana, 65 de esos migrantes llegaron a la Ciudad de Panamá, donde se les dio un plazo de tres meses para encontrar un país que los acoja. Si no logran hacerlo, "serán expulsados o deportados", según las autoridades panameñas.
Varios de ellos han expresado su deseo de no regresar a sus países de origen debido al peligro que enfrentan, aunque muchos aseguran que no tienen dinero para continuar su viaje.
