Este miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump y su círculo cercano intensificaron sus esfuerzos para destituir al juez James Boasberg, quien ordenó detener las deportaciones de extranjeros sin audiencias judiciales previas. La presión aumentó luego de que el congresista republicano Brandon Gill presentara en la Cámara de Representantes un proceso legislativo para iniciar el cese del magistrado.
“Si un presidente no puede expulsar a asesinos y otros criminales del país por culpa de un juez lunático de izquierda radical, entonces estamos en un gran problema y destinados al fracaso”, publicó Trump en su red social, Truth Social.
La acción legislativa presentada por Gill esta semana aún necesita pasar varias etapas antes de que se logre el cese de Boasberg, un proceso que, según los expertos, es poco probable que se concrete, pues para que tenga éxito se requiere el respaldo de dos tercios del Senado, lo que implicaría la aprobación de al menos 14 senadores demócratas.
A pesar de esto, figuras cercanas a Trump, como el exsubjefe de Gabinete Steven Miller y la congresista Lauren Boebert, han aprovechado las redes sociales para exigir la destitución del juez, acusándolo de ser un “activista” y de robarle el voto y la voz al pueblo estadounidense.
En respuesta, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, reprendió estos llamamientos, recordando que el circuito de apelaciones es el recurso adecuado para resolver desacuerdos con decisiones judiciales.
El pasado sábado, Boasberg emitió una orden para bloquear las deportaciones amparadas por la ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que Trump había invocado para justificar la expulsión de extranjeros sin audiencias previas. A pesar de la orden judicial, el gobierno de Trump continuó deportando a más de 200 venezolanos, enviándolos a El Salvador, que se ofreció a encarcelarlos.
