La Casa Blanca defendió este lunes la controvertida decisión de deportar a tres niños menores de siete años, ciudadanos estadounidenses, junto a sus madres indocumentadas que habían residido en el país durante años.
"Si decides tener un hijo ciudadano estadounidense sabiendo que estás en este país ilegalmente, te pones en esa situación. Pones a tu familia en esa situación", declaró Tom Homan, asesor de seguridad nacional para temas fronterizos, durante una rueda de prensa.
El funcionario afirmó que las propias madres solicitaron que sus hijos las acompañaran en la deportación. Según Homan, si los niños se hubieran quedado en Estados Unidos sin sus madres, el Gobierno habría sido igualmente criticado por separar a las familias. “No fueron deportados. No deportamos a ciudadanos estadounidenses. Fueron los padres quienes tomaron la decisión, no el Gobierno de Estados Unidos", puntualizó.
Denuncias de violaciones al debido proceso
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nueva Orleans mantuvo a las familias prácticamente incomunicadas. Según la organización, ICE se negó a responder o ignoró los múltiples intentos de contacto por parte de abogados y familiares.
Las dos madres deportadas eran elegibles para un posible alivio migratorio, pero debido a la falta de acceso a representación legal, no pudieron presentar sus casos a tiempo. Activistas y defensores de derechos humanos exigen que se permita el retorno de las madres para que puedan acceder a un debido proceso en territorio estadounidense.
La Constitución de Estados Unidos, a través de la Decimocuarta Enmienda, garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Este principio ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente durante la administración del expresidente Donald Trump, que cuestionó públicamente su validez.
