Autoridades locales y representantes comunitarios de Villa Altagracia advirtieron este jueves que paralizarán todas las actividades del municipio el próximo lunes 12 de mayo si el Gobierno no cumple con la promesa de reducir el precio del peaje en la Autopista Duarte, el cual se duplicó tras la entrada en funcionamiento del nuevo sistema.
Durante una rueda de prensa, líderes locales denunciaron que fueron “engañados”, ya que inicialmente se les aseguró que el peaje costaría RD$100 por entrada y salida del municipio, pero actualmente se está cobrando RD$200, lo que ha generado un fuerte impacto económico en la población.
“Este aumento ha afectado a todos los residentes. La mayoría trabaja, estudia o tiene que hacer diligencias médicas en Santo Domingo”, expresaron los convocantes.
Voces unidas por la rebaja
Entre los participantes en la rueda de prensa se encontraban el alcalde José Miguel Méndez (Pavolo); el pastor Loammy Antigua, presidente de la Confraternidad de Pastores; Adalberto Santamaría, presidente de la ADP en Villa Altagracia; Víctor José Díaz, representante de la sociedad civil; Alfredo Jackson, del sector transporte, y Rafael Echavarría, del Sindicato de Choferes del municipio.
El vocero del grupo, Ramón Read Fernández, propuso la implementación de un “paso rápido especial” para los residentes locales que posean vehículos. El plan consistiría en pagar solo RD$100 en total —RD$50 por trayecto— al cruzar el peaje.
“Esa medida tiene precedentes tanto en el país como en otras partes del mundo. No es justo que un residente de Villa Altagracia pague lo mismo que alguien que viene desde Santiago o Montecristi”, subrayó Read.
Amenaza de paro
Los dirigentes aseguraron que han intentado abordar la situación con el director del fideicomiso RDVIAL, Hostos Rizik Lugo, sin obtener respuesta. Por ello, anunciaron que si no se da una solución antes del lunes, Villa Altagracia entrará en paro total desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.
Durante esas 12 horas, se suspenderán todas las actividades laborales, comerciales, educativas y del transporte como medida de presión para que se atienda la demanda comunitaria.
