Un conjunto de organizaciones sociales, ambientales y climáticas presentó este martes dos recursos de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en un intento por detener la construcción de una nueva presa de colas por parte de la empresa minera Barrick Gold en el distrito municipal de Sambrana, municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Los recursos —uno de extrema urgencia y otro preventivo— buscan impedir lo que los denunciantes califican como una grave amenaza para la vida humana y el medio ambiente.
Voces del colectivo
Entre los representantes del colectivo están Euren Cuevas Medina, del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA); Fernando Peña, del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD (ODPP-UASD); y el abogado Martín Guzmán Tejada, quien también se identificó como víctima directa y vocero de las comunidades afectadas.
Los activistas expresaron su preocupación por los riesgos que implicaría la construcción de la nueva presa de colas, tanto por su tamaño como por la cantidad de residuos tóxicos que contendría.
“Este proyecto pone en peligro la vida y la economía nacional”, advirtieron, señalando que la nueva estructura tendría una capacidad de 797.4 millones de toneladas de desechos mineros, más del triple que la actual presa El Yagal, que contiene unas 250 millones de toneladas.
Según sus estimaciones, un fallo estructural podría tener consecuencias catastróficas, incluyendo la pérdida de más de 100 vidas humanas y daños ambientales irreversibles.
Acción preventiva
El recurso de amparo preventivo busca frenar cualquier acción de construcción antes de que se otorgue el permiso ambiental correspondiente, mientras que el de extrema urgencia exige medidas cautelares inmediatas dada la magnitud del riesgo denunciado.
Los representantes de las organizaciones insistieron en que no se oponen al desarrollo económico, pero exigen que este se realice sin poner en riesgo la vida de las personas ni degradar el entorno.
