El gobierno británico anunció este jueves que comenzará a aplicar la castración química a delincuentes sexuales como parte de una serie de medidas destinadas a reducir la reincidencia y aliviar la sobrepoblación en el sistema penitenciario.
La secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, informó ante el Parlamento que el tratamiento, que consiste en la administración de medicamentos para suprimir el impulso sexual, se implementará inicialmente en 20 prisiones de dos regiones del país. Además, se está evaluando la posibilidad de hacerlo obligatorio en ciertos casos.
“Es vital que este enfoque se complemente con intervenciones psicológicas que aborden causas más profundas del delito, como el deseo de poder y control”, afirmó Mahmood, en referencia a una revisión independiente del sistema de sentencias.
Evidencia y antecedentes
Según la revisión liderada por el exsecretario de Justicia David Gauke, el tratamiento hormonal ha mostrado una reducción de hasta un 60 % en las tasas de reincidencia. Aunque no es aplicable a todos los agresores sexuales —por ejemplo, aquellos cuya motivación principal no es el deseo sexual—, se ha usado de forma voluntaria en países como Alemania y Dinamarca, y de manera obligatoria en Polonia para ciertos delitos.
Crisis carcelaria
El Reino Unido enfrenta una grave crisis penitenciaria: las cárceles de Inglaterra y Gales albergan cerca de 90,000 reclusos, el doble de hace tres décadas. Esto, a pesar de una disminución en los índices de criminalidad. Parte del problema se atribuye a sentencias más largas impuestas por presiones políticas para ser "duros con el crimen".
Como una de sus primeras acciones tras el regreso del Partido Laborista al poder en julio pasado, Mahmood aprobó un programa de liberación anticipada de presos para aliviar el hacinamiento.
“Nos enfrentamos al colapso de la ley y el orden en este país”, advirtió Mahmood. “Si nuestras prisiones colapsan, los tribunales suspenden juicios, la policía detiene arrestos y el crimen queda impune”.
Otras reformas propuestas
Entre las recomendaciones del informe están:
- Eliminar las sentencias de menos de 12 meses, salvo en casos excepcionales como violencia doméstica.
- Deportar inmediatamente a extranjeros condenados a penas de hasta tres años.
- Ampliar el uso de medidas alternativas, como la prohibición de conducir.
- Fortalecer el sistema de libertad condicional, con una inversión de 700 millones de libras anuales para mejorar la supervisión y rehabilitación.
Reacciones políticas
Desde la oposición, el portavoz conservador de justicia, Robert Jenrick, criticó la propuesta de eliminar las sentencias cortas, calificándola como una “despenalización” de delitos como el robo o la agresión. También cuestionó la efectividad del monitoreo electrónico, comparándolo con “alarmas de humo apagando hogueras”.
Mahmood, por su parte, defendió las reformas como una respuesta responsable a “años de negligencia” por parte de los gobiernos conservadores, y destacó que el actual gobierno también ha impulsado la mayor expansión carcelaria desde el siglo XIX.
