El vocero de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para el Caribe, Tony Velásquez, informó que tras una revisión en los archivos oficiales, se determinó que Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez no figura como empleado de esa entidad federal.
Velásquez precisó que tampoco aparece en la base de datos global del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que incluye tanto a la DEA como al Buró Federal de Investigaciones (FBI), lo que confirma que nunca ha mantenido una relación laboral con esas instituciones.
A pesar de esto, Ángel Martínez se presenta en redes sociales como “investigador y detective”, además de afirmar que posee un doctorado en Criminología. También se identifica como periodista, escritor, detective internacional y presidente de una supuesta Organización de Inteligencia de Estados Unidos, con sede en Washington.
Arresto en República Dominicana
Martínez fue detenido el pasado 26 de mayo por miembros de la Policía Nacional en la provincia de Puerto Plata, mientras se encontraba a bordo de una embarcación. Su arresto se produjo en cumplimiento de una orden judicial tras haber sido declarado en rebeldía por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, debido a su incomparecencia a múltiples audiencias.
La demanda fue interpuesta por el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.
Además, el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, presentó una querella en su contra por presunta extorsión, chantaje, difamación, injuria pública y uso indebido de plataformas digitales.
También enfrenta una acusación del comunicador Vargavila Riverón por supuesta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En otro caso, la exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, lo querelló por difamación e injuria, ante lo cual Martínez ofreció disculpas públicas.
La querella más reciente fue presentada por la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful, por presuntas violaciones a la Ley 53-07 y al artículo 367 del Código Penal Dominicano.
