La exsenadora y actual ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, presentó una querella penal con constitución en actor civil contra el comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como “Detective Ángel”, a quien acusa de difamación agravada y de llevar a cabo una campaña sistemática de descrédito en su contra a través de plataformas digitales.
Esta acción legal se suma a una querella previa contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, también por alegada difamación e injuria. En ambas demandas, Raful reclama un total de RD$100 millones en indemnización por daños a su honor, imagen y estabilidad emocional: RD$50 millones por cada caso.
El documento legal, firmado por el abogado Miguel E. Valerio Jiminián, indica que las acusaciones de Martínez han sido difundidas mediante videos en YouTube y publicaciones en la red social X (antes Twitter), en las que se le vincula falsamente con actividades delictivas como narcotráfico, tráfico de armas y amenazas de difundir contenido íntimo.
“Estas declaraciones fueron realizadas de forma pública y reiterada, con pleno conocimiento de su falsedad, afectando la dignidad, reputación e imagen de la señora Faride Raful”, señala la querella.
Pruebas presentadas
Entre las pruebas depositadas por la parte querellante figura una memoria USB que contiene videos en los que “Detective Ángel” hace señalamientos directos contra Raful sin presentar evidencia que respalde sus acusaciones. La querella sostiene que estas acciones violan los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El caso toma mayor dimensión tras la confrontación reciente entre Raful e Ingrid Jorge. Esta última publicó en redes sociales una imagen de la ministra vestida de novia, acompañada de comentarios sarcásticos y acusaciones sobre supuestos favores políticos para beneficiar a allegados.
La publicación también hacía referencia a relaciones personales del pasado de Raful, lo que la querella interpreta como parte de una ofensiva coordinada de descrédito en su contra.
La denuncia fue interpuesta el pasado 30 de mayo de 2025, y concluye con la solicitud de condena para los acusados, además de que se realicen las diligencias necesarias para determinar si hubo participación de terceros. La ministra también se reserva el derecho de presentar nuevas pruebas o cargos adicionales durante la fase preparatoria del proceso.
