El abogado penalista Miguel Valerio, representante legal de Antonio Espaillat —propietario de la discoteca Jet Set—, afirmó que el Ministerio Público ha manejado con “delicadeza” la investigación sobre el colapso del techo del centro nocturno, ocurrido en la madrugada del martes 8 de abril, tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Durante una entrevista en el programa “De Entero Crédito”, conducido por el periodista Héctor Herrera Cabral, Valerio subrayó la importancia de esperar los resultados del peritaje que actualmente realiza el Ministerio Público antes de emitir cualquier juicio.
“Lo fundamental es que se conozca la verdad: qué ocurrió, cómo ocurrió. Debe haber una investigación amplia. Lo he dicho en múltiples ocasiones y no voy a cambiar ahora: confío en la profesionalidad del Ministerio Público”, aseguró el abogado.
Añadió que se deben establecer claramente los hechos y las responsabilidades, y que esa prudencia en el proceso es lo que hace que muchos vean con buenos ojos el manejo actual de las autoridades.
De acuerdo con una fuente ligada a la investigación citada por el Listín Diario, un perito estadounidense se encuentra en el país trabajando junto a dos expertos dominicanos para analizar los escombros del techo del icónico centro de entretenimiento, donde se presentaba el merenguero Rubby Pérez la noche del incidente.
En esta etapa inicial, la investigación del Ministerio Público se centra en un peritaje técnico para determinar la causa del colapso. Paralelamente, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) lleva a cabo su propia indagatoria, cuyos resultados preliminares se esperan para la próxima semana, coincidiendo con el segundo mes de la tragedia.
Valerio reiteró que su defendido está dispuesto a colaborar con las investigaciones y asumir cualquier responsabilidad que pudiera derivarse. “Si se determina que él es culpable, tendrá que enfrentar las consecuencias. Pero lo primero es saber exactamente qué pasó”, enfatizó.
El abogado también señaló que este caso plantea la necesidad de revisar la seguridad estructural a nivel nacional: “Esta tragedia trasciende el caso del inmueble. Es una llamada de atención que puede dar paso a una política nacional de revisión de edificaciones”.
Ante preguntas sobre la posible responsabilidad de instituciones estatales, Valerio criticó la inacción de las autoridades. “En los últimos 20 años, el Ministerio de Obras Públicas no ha hecho una sola inspección en este tipo de lugares. Esa es la realidad”.
También recordó que el proceso tiene dimensiones tanto civiles como penales, y subrayó que la investigación sigue bajo carácter reservado, por lo que hay que esperar su conclusión antes de emitir opiniones definitivas. “Opinar sin tener datos claros es un error. Siempre he sido prudente y así seguiré”.
Finalmente, Valerio expresó sus condolencias a las familias afectadas por esta tragedia que dejó 236 víctimas mortales y provocó la declaración de duelo nacional.
